Fraude electoral tolerado
TEPJF no anula, convalida
Ganan
los más cínicos
El coordinador Sales
onceptual y estructuralmente, todo está acomodado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los fraudes en los comicios sigan siendo castigados en términos menores y continúen o se queden con el poder público quienes cuenten con más capacidad de adulteración de la voluntad popular. Las prácticas fraudulentas han sido, para efectos prácticos, virtualmente intocadas por las sentencias emitidas por juzgadores que en sus valoraciones no aplican estándares de igualdad y previsibilidad, que exigen a los denunciantes de actos ilícitos que prueben al detalle el indemostrable impacto cuantitativo determinante que las presiones al votante (sobre todo la compra del sufragio) habrían tenido en los resultados finales, y que llegan a actuar casi a la carta
al aplicar sus criterios de justicia
conforme a las personas involucradas en las denuncias (favoreciendo a los poderosos).
Por ello es que cada vez el TEPJF se atreve menos a anular comicios (es decir, cada vez convalida más los fraudes). Por sí mismo, ese tribunal en 15 años sólo ha echado abajo 36 procesos electorales del cúmulo de casos federales y estatales presentados a su consideración, y sólo ha aceptado 14 resoluciones provenientes de órganos estatales. En total, medio centenar de anulaciones, de las cuales 44 correspondieron al ámbito municipal, tres a comicios de diputados de mayoría relativa y dos a elecciones de gobernadores (Tabasco, en 2000, y Colima, en 2003). En 62 por ciento de los casos, el infractor fue el PRI, lo que lo consolida como el partido más fraudulento en la incipiente democracia mexicana
, y 18 por ciento el PAN, aunque con el dato significativo de que ocho de las nueve elecciones declaradas fraudulentas con cargo al partido derechista sucedieron después de 2000, es decir, cuando Acción Nacional tomó el poder federal.
Las consideraciones y datos anteriores provienen (aunque su formulación en los dos párrafos anteriores es responsabilidad del tecleador astillado) del nuevo libro del abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, Teoría sobre la nulidad de elecciones en México, de Editorial Porrúa, que será presentado este jueves 30, a las 17 horas, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, en San Lázaro. Sandoval Ballesteros se graduó como abogado en la UNAM, con mención honorífica, y es máster en derecho parlamentario, elecciones y estudios legislativos por la Complutense de Madrid. Elaboró y defiende ante la Corte Penal Internacional la demanda, que fue acompañada por más de 23 mil firmas ciudadanas, contra Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad por diversos delitos de lesa humanidad cometidos durante ese sexenio panista.
El libro de Sandoval Ballesteros parte del estudio a fondo de múltiples casos en demanda de anulación que han sido presentados al tribunal electoral federal, al que acusa de “fomentar todo tipo de irregularidades, salvo el uso de propaganda religiosa (...) El tribunal electoral parece decir ‘todo se vale’ mientras no sea determinante, y probar que una irregularidad es determinante es definitivamente imposible bajo el estándar de causalidad que ha prevalecido en la jurisprudencia electoral mexicana”. En otras páginas, se menciona que ese TEPJF violó su propia jurisprudencia y sus precedentes para evitar sanciones a Miguel Ángel Osorio Chong cuando era gobernador de Hidalgo.
En el capítulo denominado El lamentable desempeño de la máxima autoridad electoral en las elecciones de 2012
se señala que los integrantes de la sala superior del TEPJF han asumido como tendencia, al validar todo tipo de irregularidades
, el que los partidos políticos utilizaran con total impunidad las prácticas de compra y coacción
del voto. Así fue que el ganador fue el partido que con mayor cinismo elaboró su estrategia para defraudar y coaccionar la voluntad popular
, pues los integrantes de la cúpula del tribunal mencionado se han especializado, o se han doctorado, en la argumentación para minimizar las violaciones a las leyes electorales
. El libro cierra con el señalamiento de que existen sólidos argumentos para llevar el caso de las elecciones mexicanas de 2012 hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las múltiples violaciones a derechos fundamentales que genera la débil democracia mexicana. Todavía no se ha dicho la última palabra jurídicamente sobre el viciado proceso que llevó a Enrique Peña Nieto a ser designado presidente electo
.
En otro tema, el gobierno federal ha dado a conocer una estrategia contra el secuestro que obedece al inocultable incremento en ese delito, contra el cual de manera marcada han solicitado acciones efectivas tanto las cúpulas económicamente fuertes como las clases medias. A pesar de que en los propios cuerpos de seguridad, en todos los niveles, están trágicamente representados los intereses de esa misma industria nacional del secuestro (lo que vuelve muy difícil que buenas voluntades individuales triunfen sobre la delictiva realidad institucional), ha sido bien recibida la designación del coordinador federal de esos esfuerzos, el abogado Renato Sales Heredia (hijo de quien fue senador por Campeche, Renato Sales Gasque), quien fue subprocurador de Justicia en el Distrito Federal con Bernardo Bátiz, procurador de Campeche y subprocurador federal con Jesús Murillo Karam como jefe.
Y, mientras avanzan ciertos grupos de autodefensa sobre otros puntos michoacanos, en un proceso que da pie a múltiples interpretaciones, pues el gobierno federal hace como que va tomando control institucional de esos movimientos pero al mismo tiempo acepta o promueve que continúen generándose acciones aparentemente espontáneas, lo que finalmente encaja en la estrategia oficial de ir aprovechando la fuerza popular para replegar a templarios e ir estableciendo nuevas reglas del mercado que subsiste, ¡hasta mañana, con el PRI desde Los Pinos restableciendo su histórica cercanía (sólo) discursiva y escenográfica con la izquierda latinoamericana, hoy con Cuba!
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