uego del frustrado atentado contra el párroco Gregorio López, llamado padre Goyo, donde murieron sicarios, éste convocó a una concentración masiva en el centro de la ciudad de Apatzingán, frente al palacio municipal, donde expuso que la Iglesia no puede seguir hablando a un pueblo de Dios cuando están matando a sus fieles. Yo mismo no puedo seguir hablando de Dios cuando aquí apesta a muerte. Esto aconteció el pasado sábado 18 de enero. Hasta la fecha, y fruto de la violencia en la región, han sido asesinados cinco sacerdotes. Días después, en conferencia de prensa en Morelia, el arzobispo Suárez Inda demandó al párroco agredido sosegarse, señalando: Hemos conminado para que actúe de manera más sensata; se le ha aconsejado fraternalmente para no ser protagonista. Necesitamos ayudarle a que se serene, dijo acompañado del obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, donde está incardinado el padre Goyo. Cabe decir que pese al acto, Patiño ha lididado en la última década con el culto paramístico, cuasi cristiano, promovido por los líderes de Los caballeros templarios y su predecesora, La familia michoacana. Declaró también que existe un Estado fallido y que la entidad es hoy el botín de los delincuentes.

Pese que la jerarquía michoacana quiere evitar la radicalización de sus párrocos, es innegable la cercanía y simpatía de la Iglesia en Michoacán con sectores de las llamadas autodefensas. El padre Goyo es un animador y ha acompañado su gestación desde la catedral de Apatzingan. En mayo de 2013 en un comunicado de prensa, los cinco obispos de Michoacán advertían: ¡No es posible seguir viviendo así! Sin duda, la postura de los obispos michoacanos es delicada y comprometida. El propio arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, el más moderado frente al fenómeno, fijó su postura un tanto ambivalente frente a la constitución de las policías comunitarias de autodefensa que tanta polémica han causado. El prelado se manifestó contra la formación de grupos de autodefensa para combatir al crimen, pero dijo entender y hasta justificar su movimiento de defensa y protección de la integridad e interés de las comunidades. Señaló que antes de desarmar a los grupos civiles, primero se tendría que desarmar a los criminales; sus palabras exactas fueron: La Iglesia no ve bien la conformación de las autodefensas, pero vemos que hay momentos en que la gente ha recurrido a esto como última salida... Tan inconstitucional es que haya gente que quiera hacer justicia por su propia mano, como otros que actúen impunemente destruyendo toda justicia y aplastando la dignidad de las personas, viviendo mediante la extorsión o la amenaza o de secuestros, lo que no es posible conceder. Por su parte el obispo de Zamora, Navarro Rodríguez, detalló que la inseguridad en Michoacán se debe a que hay complicidad, forzada o voluntaria, entre autoridades y la delincuencia organizada.

Sin embargo, la posición eclesiástica es absolutamente congruente con su histórica concepción de guerra justa. Utilizada desde las Cruzadas, la colonización y evangelización, hasta la guerra cristera que se desató precisamente en esta región del Bajío mexicano.

La guerra justa se emplea como medio de defensa contra una agresión moralmente inadmisible que resquebraja los valores y principios cristianos. El corpus doctrinal católico rechaza en principio toda forma de guerra a excepción de aquellas que presenten dos factores previos: a) agotar previamente los medios pacíficos y de negociación y b) convenir la proporción entre el bien buscado y el mal causado.

Para uno de los padres de la Iglesia, San Agustín (354-430), la guerra justa se justifica: Las guerras justas son aquellas en que se toma satisfacción de las injurias, si ha de castigarse a una ciudad o a una nación que no se ocupa en reparar el daño causado por sus súbditos ni de devolver lo quitado injustamente. La guerra justa se emplea como principio de limitación moral de la guerra, una forma de racionalizar la violencia o justificar la acción bélica. El pensador dominico Francisco de Vitoria (1483-1543) aconseja que para hacer la guerra no basta la decisión del gobernante, sino que pide revisar la justicia y sus causas, así como las razones aducidas por los adversarios. Por otra parte, si a los súbditos les afecta la injusticia de una guerra no les es lícito ir a ella, aun por mandato del príncipe. Esto en virtud de la ilicitud de dar muerte a inocentes. El papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris (1963), cuestionó la concepción de la guerra justa al constatar que en la era atómica tenía un carácter irreversible.

Michoacán es uno de los pocos estados con una notoria mayoría católica. Según el censo de 2010, 92 por ciento de la población es católica. Como el resto del Bajío, los ámbitos entre el catolicismo, la construcción social y la política están sumamente imbricados. No es casualidad que en esta región surge la independencia en el siglo XIX y la guerra cristera en el XX. Ahí están documentados por Jean Meyer, en su Cristiada, los apasionados debates católicos sobre la guerra justa en México; los intentos por justificar y legitimar el levantamiento armado y el uso de la violencia como recurso último de una nación culturalmente católica amenazada. En Michoacán los párrocos en las regiones azotadas por el crimen organizado han dado paso de la pastoral del consuelo al estímulo de la organización, protección y legítimo resguardo social. Es decir, el apoyo a una población agraviada condujo a legitimar su protección. Del repliegue a la guerra justa, de la resignación a la lucha. Un sector significativo del bajo clero tiene un papel decidido de gestión y organización social que induce a la autodefensa comunitaria. La jerarquía hace malabares diplomáticos que le aseguran la interlocución con autoridades locales y con el gobierno de Peña Nieto. Con la Iglesia se han topado los templarios. El acuerdo firmado entre el gobierno y sectores de la autodefensa para institucionalizar su participación es un polo de conflicto menos para la Iglesia; sin embargo, lejos está aún la solución.