El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que está en borrador la iniciativa de la ley reglamentaria de la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, pero anticipó que cuando se envíe a la Cámara de Diputados su contenido generará controversias.

Ruiz Esparza participó ayer en la plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a pregunta de diputados, consideró que si el Presidente envía la iniciativa con carácter de preferente, ello contribuiría a que se apruebe lo más pronto posible, después de que el 9 de diciembre se venció el plazo para su aprobación y esto ha limitado las atribuciones del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El funcionario anunció el proyecto que abarcará el cambio de 11 leyes vigentes que regulan las telecomunicaciones y consta de más de 300 artículos divididos en 17 títulos.

También se congratuló de la información difundida sobre que una de las grandes empresas que se consideran dominantes en su sector anunció la desincorporación de sus activos, aun antes de que el nuevo instituto de telecomunicaciones inicie los procedimientos de acuerdo con sus atribuciones.

Si alguno de los jugadores empieza a tomar medidas legales podemos considerar esto como un triunfo de la reforma, expresó. Informó que el proyecto no sólo ha sido revisado con empresas de telecomunicaciones y radiodifusión que contribuyeron de manera voluntaria, y recibió el visto bueno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Explicó que el proyecto propone procedimientos necesarios para la operación del instituto, y define los procedimientos para otorgar concesiones únicas. En el caso de estas últimas, dijo que se consideran cuatro: privadas, sociales, públicas y comerciales, pero que se definen como únicas, ya que los concesionarios podrán prestar todos los servicios de telecomunicaciones: voz, datos y video.

Dijo que la ley también incluye las facultades del instituto para determinar la preponderancia de los operadores con alta concentración de mercado, así como en las correspondientes medidas de regulación asimétrica.

Afirmó que la dependencia ya inició un procedimiento para determinar la preponderancia de dos empresas, aun cuando no existe la reglamentación específica para ello.

Recordó a los priístas que la Constitución determina que el 9 de marzo vence el proceso para regular estos procedimientos, por lo que les propuso encontrar un mecanismo legislativo para que el instituto no se vea presionado por esa fecha.

Expuso que la preponderancia es un tema sensible, por lo que deberá cuidarse que no desaliente las inversiones de prestadores de servicios ante el riesgo de ser declarados preponderantes.

Un ejemplo sería que cualquier prestador de servicios que invierte en una región en la que no haya otros participantes podría ser declarado preponderante y, por lo tanto, regulado asimétricamente colocando a esa región en una posición de desventaja en el servicio, explicó.

Por otra parte, confirmó que próximamente se publicarán las convocatorias para licitar siete trenes de pasajeros: México-Toluca, el tren ligero de Guadalajara, el México-Querétaro, el transpeninsular Yucatán-Cancún; el Metro Chalco-La Paz; el de Ecatepec-Martín Carrera, y el de Monterrey, así como la ampliación del tren suburbano a Huehuetoca.