La reforma profunda para el campo implica la revisión de parte de la ley agraria y los alcances de la ley minera para reconocer y preservar los derechos de los ejidatarios, pues es muy fácil excluir a quienes no están de acuerdo en la venta de sus tierras y el caso queda en manos de los funcionarios. Hay que evitar esa discrecionalidad, que deja a la autoridad como única responsabilidad decidir si la asamblea ejidal o comunal es válida, comentó Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al concluir la asamblea nacional del Congreso Agrario Permanente. Insistió en que la reforma del campo está enfocada a incrementar la diversidad productiva, sustentabilidad y competitividad; hacer más eficientes las asociaciones entre productores e industrializadores y que las facultades de organización de los ejidatarios tengan un sentido más eficiente.