Para solucionar la crisis de inseguridad en Michoacán no basta con que el Estado adopte medidas policiacas o militares, sino también que incorpore a las comunidades al desarrollo económico y social, afirmó el representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli.

La respuesta no tiene que ser exclusivamente policiaca. Al contrario, las más adecuadas en el caso de Michoacán probablemente sean un desarrollo económico y social, que pueda dotar a las poblaciones no de unas autodefensas rurales, (sino de) una mayor y mejor inclusión dentro de las políticas sociales del país, dijo el especialista al término de la presentación de un informe sobre trata de personas.

Consideró que la propuesta de incorporar a los grupos de autodefensa a los cuerpos de defensa rurales –bajo el mando del Ejército– es un paso acertado en la medida en que los incorpora al marco de la ley, pero instó a resolver las causas de fondo del clima de violencia que llevan a los ciudadanos a tomar las armas para protegerse del crimen organizado.

Tras enfatizar que el monopolio del uso de la fuerza debe seguir siendo sólo prerrogativa del Estado, el especialista italiano consideró que el de Michoacán es un caso con características únicas, por lo cual la estrategia seguida hasta el momento por el gobierno en esa entidad no debe generalizarse como fórmula para todas las demás.

Acerca del anuncio de una nueva estrategia nacional antisecuestro de la actual administración, incluyendo el nombramiento de un zar en la materia, Mazzitelli indicó que cualquier tipo de acciones que se adopten son encomiables, pero alertó que no todos los plagios pueden meterse en la misma canasta.

Asimismo, dijo que el secuestro es un crimen extremadamente complejo en su logística, y cuando éste es perpetrado por personas que no son delincuentes profesionales –como suele ocurrir en la actualidad–, la víctima está en mayores condiciones de vulnerabilidad y en muchas ocasiones pierde la vida.

Según el funcionario de Naciones Unidas, el trabajo de las corporaciones policiacas a escala federal es excelente, pero lamentó que no se realice de la misma forma en las entidades del país y que la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades sea el principal obstáculo para combatir este delito.

“Si no hay confianza, si los familiares del secuestrado no acuden a las instituciones –que deben tener especialistas para el manejo de la situación criminal–, seguramente eso generará mayor riesgo para la víctima y un mayor deterioro de la relación con los ciudadanos”, manifestó.