Pese a la gravedad del fenómeno de trata de personas en el país, las instituciones encargadas de combatir este delito no tienen cifras claras ni diagnósticos sobre el mismo y, por tanto, no pueden diseñar políticas públicas eficaces para realizar su labor, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

En el informe Estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México, la organización señaló que la capacidad de las autoridades para enfrentar la trata es tan escasa que de 846 casos registrados oficialmente de 2010 a 2013, en los 31 estados y el Distrito Federal –según datos obtenidos por una solicitud a organismos de transparencia–, tan sólo se lograron 17 condenas, es decir, una efectividad judicial de únicamente 2 por ciento.

En el ámbito federal, este índice fue de 10 por ciento, con 30 averiguaciones previas de 283 casos consignados, según el mismo informe.

Francisco Rivas, director general del ONC, indicó que del total de las entidades consultadas, sólo Baja California, Campeche y Durango respondieron los requerimientos sin reserva; en Chiapas no se pudo realizar la petición por los medios institucionales disponibles, mientras de Yucatán y Nayarit nunca contestaron.

De igual forma, lamentó que cuando pidieron cifras para dimensionar el fenómeno, ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Gobernación fueron capaces de proporcionar datos básicos sobre el número de averiguaciones previas y condenas logradas, aunque están obligadas por ley a sistematizar esa información.

Además, ninguna de esas instituciones ha sido capaz de entregar a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) un diagnóstico sobre el tema que esa entidad les solicitó desde hace más de un año.

Según el ONC, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres, menores de edad, mexicanas y provenientes de sectores vulnerables por falta de acceso a la educación formal y el trabajo.

Por otra parte, la entidad en la que se contabilizó mayor número de casos de trata entre 2010 y 2013 fue el Distrito Federal, con 81 (19.7 por ciento), seguido de Chiapas, 67 (16.3 por ciento) y Tlaxcala, 40 (9.7 por ciento).

En este mismo sentido, pero en otro acto, Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la raza y la etnicidad son factores que incitan al tráfico de mujeres indígenas, sector mucho más vulnerable a la trata, al trabajo forzado y la esclavitud.

Al participar en el coloquio internacional Identidades, racismo y xenofobia en América Latina, agregó que las mujeres refugiadas, las víctimas de trata ilegal y las inmigrantes no son ajenas a racismo y discriminación, por el contrario, están expuestas a marginación y exclusión social, elementos que conducen a nuevas formas de explotación.

La académica señaló que las mujeres indígenas están más expuestas a la trata debido a la pobreza estructural, marginación y violencia sexual frecuente entre grupos socialmente excluidos.

Se estima que 75 por ciento de las mujeres indígenas han sufrido algún asalto sexual, o tienen 2.5 veces más probabilidad de sufrir violación. Además, al menos una de cada tres está expuesta a situación de abuso en su vida.

Gutiérrez Chong mencionó que la mayoría de las mujeres víctimas de trata provienen de Centroamérica y México; buena parte de ellas son de origen indígena, analfabetas y tienen un dominio limitado del español.

Para la académica las mujeres indígenas están en desventaja por violencia simbólica y pobreza estructural, por lo que llegó a la conclusión de que la etnicización y racialización son factores de exotismo.