La nueva regulación para la prevención de lavado de dinero ha resultado costosa para la economía y su complejidad ha provocado que muchas instituciones financieras salgan del mercado, aseguró Karla Valenzuela, directora general adjunta de regulación financiera y ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No precisó cuántas entidades financieras han salido, pero sostuvo que aunque se trata de algo importante, no es una situación de riesgo nacional. Tampoco lo es, agregó, el número de casos de sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) cuyas cuentas han sido canceladas por diversos bancos como consecuencia de la misma regulación, lo que ha causado inconformidad.

Ante decenas de empresarios del sector, la funcionaria expuso los detalles de la nueva regulación y afrontó diversas críticas al respecto. Ya les dije con todo lo que tienen que cumplir y en la Secretaría de Hacienda estamos muy conscientes que todo esto representa un costo para la economía y que la regulación en materia de prevención de lavado de dinero es costosa, complicada y ha empujado a muchas instituciones a que salgan de sus actividades porque no pueden con ella, comentó al participar en el segundo Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la consultoría TM Sourcing.

Aclaró que haber reforzado la normatividad para prevenir el lavado de dinero no obedece a que la SHCP lo haya hecho sólo por gusto para imponer más presiones y restricciones al sector, sino que simplemente es un proceso que ya no tiene marcha atrás, porque es a nivel mundial. Lo que puedo decir es que no es un tema de que se quiera acabar con la competencia, es un proceso de aplicación de reglas que nos está costando mucho trabajo.

Entre los cuestionamientos que hicieron los empresarios en el foro, particularmente representantes de centros de cambio y Sofomes, fue insistente la queja de estos últimos de que los bancos les cancelan sus cuentas y les imponen condiciones adicionales a la regulación oficial, como obligarlos a contratar determinados despachos para ser auditados, a fin de mantenerles abiertas sus cuentas, por lo que exigieron la intervención de las autoridades.

“La autoridad necesita dar un ‘manotazo’ para que haya orden y sumarse a nosotros, porque somos más débiles. somos muchos y antes no teníamos estos controles. Nos están haciendo a un lado, por ejemplo, con la cancelación de cuentas de los bancos y ¿cómo es posible que la autoridad no haga nada?”, inquirió José Luis Borrego, representante de una Sofome.

También se quejó de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos trata como si nosotros fuéramos los delincuentes y lo han empezado a utilizar como una medida de terrorismo, en lugar de que nos ayuden en virtud de que (la regulación) está empezando, para que colaboremos y seamos un instrumento para apoyar el objetivo de prevenir operaciones de lavado de dinero.

Al responderle, la funcionaria insistió en que la regulación contra el lavado es un asunto mundial y los bancos cancelan cuentas por cumplir las normas de sus matrices. Más que un manotazo lo que hemos tratado es de ser bastante persistentes y enfocar nuestra energía en solucionar el problema, dijo. La cancelación de cuentas bancarias de las Sofomes es un tema que nos molesta y preocupa, al grado que se incluye en la prioridades de la SHCP, pero como autoridades no podemos obligar a los bancos a prestar servicios a todo mundo, como no los obligamos a ustedes.

No es un tema sencillo, porque son disposiciones que vienen de las matrices de los bancos en Estados Unidos y Europa, donde se sanciona gravemente las actividades riesgosas y los cierres de cuentas vienen en cascada. No es justificación, pero en lugar de ver la cola o pata hay que ver el elefante completo, puntualizó.