Acapulco, Gro., 5 de abril.

Más de cien ejidatarios del Cayaco iniciaron un plantón en las instalaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conocida como Los Amates –ubicada sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en la periferia– y exigieron que los indemnice porque utilizaron casi seis hectáreas de sus tierras para construir la instalación.

El comisario ejidal del Cayaco, Crispín Castillo Ortiz, especificó que hace más de 20 años CFE invadió 12 mil 589 metros cuadrados para construir la subestación sin pagar a los propietarios por su tierras, hasta la fecha los afectados siguen reclamando indemnización de 2 mil 500 pesos por metro cuadrado.

Detalló que hace poco más de cinco años, la CFE colocó bardas y un muro de contención para apropiarse de las tierras pertenecientes al ejido de Cayaco Coacuyular –nombre correcto de las parcelas– y afectó a 138 ejidatarios que no han sido indemnizados.

El delegado de los ejidatarios se quejó de que los traen dando vueltas sin recibir lo que les corresponde: Hemos tenido citas en Chilpancingo y Cuernavaca; nos cancelan las reuniones de un día para otro.

Sostuvo que “este es el último llamado que le hacemos, se trata de una reunión con la prensa, pero el lunes –7 de abril– tomaremos las instalaciones con todos nuestros compañeros ejidatarios y vecinos”. Los inconformes advirtieron que esperan respuesta para este fin de semana o de lo contrario iniciarán el bloqueo.

Jesús Rojas, representante legal de los ejidatarios, explicó que durante un año han sostenido reuniones con directivos de CFE, quienes han hecho viajar a los campesinos a Cuernavaca, Morelos, donde se encuentran las oficinas regionales de la paraestatal, y sólo les han dado largas, les han suspendido mesas de trabajo un día antes de celebrarlas, como sucedió el pasado 7 de marzo. Los afectados responsabilizaron al director de Desarrollo Social de la CFE, Guillermo Luna Granados, por no solucionar sus peticiones y dejarlos plantados.

En el lugar de la protesta se presentó el apoderado legal, Ricardo Sánchez Martínez, quien amenazó a los manifestantes y reporteros con llamar a la policía si no se quitaban del lugar. Los ejidatarios respondieron que estaban en un sitio público y sólo piden lo que les corresponde.