n Bilbao y en Pamplona se realizaron ayer, con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), sendos actos de las dos ramas principales del nacionalismo vasco: en la primera de esas ciudades el presidente (lehendakari) Iñigo Urkullu, del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder), propuso el reforzamiento del autogobierno y el lanzamiento de un proceso de diálogo, negociación, acuerdo y ratificación para establecer una relación de bilateralidad con el resto de España que culmine con una suerte de confederación y, de allí, gestionar una presencia directa en los organismos de la Unión Europea, en una hoja de ruta gradual hacia la constitución de un País Vasco plenamente independiente.

En Pamplona, en tanto, la izquierda soberanista, agrupada en la coalición EH Bildu, sacó a las calles a unas 25 mil personas con una consigna única y contundente: Independentzia. En esta movilización quedó claro que para las corrientes abertzales las vías escogidas por los separatismos catalán y escocés –y que empieza por sendos referendos autonomistas, a realizarse en fecha próxima– pueden dar una pauta a la lucha histórica de los vascos por construir un Estado propio.

A pesar de la notoria división en las filas nacionalistas, es claro que la mayor parte del espectro político del País Vasco desea avanzar hacia una autonomía real con respecto a Madrid, en primer término, así como disponer, a mediano plazo, de un país independiente adscrito a la Unión Europea.

En esta circunstancia, con dos naciones claramente decididas a la independencia, la clase política madrileña, centralista a ultranza y contraria por principio a cualquier planteamiento soberanista, tendrá que terminar por comprender que, como le ocurrió al imperio español en los albores del siglo XIX y en vísperas de las independencias hispanoamericanas, la actual España ya no puede contener a las nacionalidades y a las regiones que coexisten, en forma por demás forzada, dentro de sus fronteras.

Tal situación es, en buena medida, consecuencia del empecinamiento de décadas de los dos principales partidos políticos nacionales, el Popular (PP, en el gobierno) y el Socialista Obrero Español (PSOE, el mayor de la oposición) en negar cualquier posibilidad de reforma constitucional que diera más espacio a los nacionalismos y regionalismos. Esas posturas irracionales de defensa a ultranza de un pacto constitucional impregnado de concesiones al franquismo –y, en particular, al espíritu dictatorial expresado en el lema España, una, grande y libre– han terminado por hacer irrespirable la vida dentro de España a los pueblos vasco y catalán. Actualmente, para ambos, la perspectiva de una posible modificación al texto de la Carta Magna es vista como una antesala a la independencia.

Cabe esperar que los políticos madrileños terminen por rendirse ante la evidencia de que España ya no es una –si es que alguna vez lo fue– y que accedan, de buen grado y con espíritu abierto, a colaborar en los procesos de reivindicación soberana del País Vasco y de Cataluña, a fin de dar paso al necesario reordenamiento político, negociado, armónico y pacífico de la península ibérica.