Buenos Aires, 23 de abril.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy las sentencias a cadena perpetua a los oficiales de marina Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Jorge Tigre Acosta, entre otros, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura cívico militar en Argentina (1976-1983).

Además de estos personajes de la historia de horror que se vivió en el centro clandestino de la Esma, fueron también confirmadas las condenas a prisión perpetua de los oficiales Antonio Pernías, Óscar Montes, Raúl Scheller, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice. Todos ya están en prisiones argentinas.

Entre los delitos por los que fueron condenados están los secuestros y desaparición de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y otras personas, varias de las cuales fueron secuestradas en la iglesia de Santa Cruz en esta capital en diciembre de 1977, y el periodista Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977.

Walsh fue baleado por un grupo de tarea de la Armada en una zona cercana a la estación de Constitución y llevado a la Esma, pero ya había logrado despachar una carta que recorrió el mundo denunciando los secuestros, desapariciones y crímenes de la dictadura.

La sala segunda de la cámara determinó que la muerte del escritor fue consumada en la Esma por oficiales de la Unidad de Tareas (3.3.2) y su cuerpo fue desaparecido.

En tanto, las madres, las monjas y los otros secuestrados también fueron llevados a la Esma en diciembre de 1977 y fueron arrojados al mar después de sufrir terribles torturas. Un cambio de dirección de los vientos arrastró los cadáveres hasta las costas de una zona turística Santa Teresita, en el sur de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y los vecinos enterraron los cuerpos como NN. En 2004 los restos fueron identificados por el Equipo de Antropología Forense, que determinó que habían sido arrojados vivos al mar con señales de tortura.

La hija de Ballestrino de Careaga, Ana María, fue secuestrada el 16 de junio de 1977, cuando tenía 16 años, estaba embarazada de tres meses y fue llevada al centro clandestino El Atlético. Su madre la buscó incansablemente y fue liberada una noche en un lugar lejano. Aun cuando la encontró decidió continuar con las madres porque todos son nuestros hijos.

Ana María Careaga dijo hoy a La Jornada que es muy importante que estos responsables de delitos de lesa humanidad, que impusieron el terrorismo y el control social contra la población, hayan sido condenados, a pesar de todos los intentos por escapar a esta condena, sin arrepentirse jamás de lo que hicieron.

Recordó que Astiz, siendo un joven oficial de los Grupos de Tarea de la Marina, se infiltró entre el movimiento de las madres, haciéndose pasar por un hijo de desaparecidos, y éstas lo ampararon y cuidaron. La noche del 8 de diciembre al conocer que se iba a publicar una importante declaración de las Madres, fueron a la iglesia de Santa Cruz, donde se reunían, y Astiz besó a cada una para señalar a sus compañeros de los grupos de tarea a quiénes debían secuestrar.

A Azucena Villaflor la secuestraron cerca de su casa al otro día, pero ya había despachado la Declaración de las Madres.

Secuestraron a las madres y a quienes las ayudaban, como las monjas francesas, porque buscaban desesperadamente a sus hijos y tratabande detener este movimiento que fue creciendo cada vez más con el enorme valor y coraje de las queridas madres, sostuvo Careaga, quien fue testigo en esta causa,

Los camaristas (jueces) anularon las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) a favor de Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco.

Los jueces de casación también rechazaron los recursos de las defensas contra las condenas a 25 años de cárcel a Manuel García Tallada y a Juan Fotea. Carlos Capdevilla recibió 20 años y Juan Antonio Azic 18.

Este es el primer tramo del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma, donde fueron desaparecidas unas cinco mil personas, se robaron niños nacidos en cautiverio, robaron casas de las víctimas y las obligaron a firmar ventas de tierras y otros bienes antes de desaparecerlas.

Las defensas presentaron argumentos por supuesta arbitrariedad en las sentencias dictadas por el TOF 5, en octubre de 2011. Pero los magistrados estimaron que la gravedad de los cargos impide morigerar la pena.

Son condenas ejemplares, mientras intentaron todo tipo de maniobras jurídicas, impugnaron las declaraciones de testigos y la valoración de la prueba producida durante el juicio. La investigación de esos hechos es un mandato de justicia elemental, ya que la impunidad de las violaciones de los derechos humanos es una causa importante para su constante repetición, sostuvieron los magistrados.

Consideraron además que los atentados contra la propiedad que se juzgaron en esta causa ocurrieron en ese ataque generalizado y sistemático dirigido contra un grupo de la población de nuestro país, determinó la Cámara.

En esta resolución fue decisiva la afirmación del tribunal oral de que integrantes de la unidad de tareas, con el objetivo de ocultar su accionar y verse libres de la responsabilidad internacional que el caso comenzaba a aparejar, sumado a la intervención del gobierno francés para el esclarecimiento de los hechos y la presión de organismos internacionales, montaron una puesta en escena destinada a hacer creer a la población y al mundo que los secuestrados en cuestión, en particular las religiosas francesas, debían adjudicarse a la organización Montoneros. Pero tantos años más tarde llegó la justicia.