La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer los amparos en los que se analizará el derecho de pacientes diagnosticados con la enfermedad hemoglobinuria paroxística noctuna a recibir la atención médica que les niega el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el alto costo del tratamiento, que es de alrededor de 7 millones de pesos anuales por paciente, y porque el medicamento que requieren no está en el cuadro básico.

A propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales y con el voto en contra de Margarita Luna Ramos, la segunda sala ejerció su facultad de atracción para resolver 14 amparos, que se suman a cuatro asuntos que fueron admitidos anteriormente por el máximo tribunal.

De esta manera el máximo tribunal resolverá el destino de hombres y mujeres jóvenes que padecen esta rara enfermedad de la sangre que afecta la calidad de vida del paciente, el cual requiere aplicarse tres ampolletas (cada una de las cuales cuesta 99 mil pesos) cada 14 días.

El abogado de los quejosos Raúl Díaz Valles señaló que de un total de 18 casos que están en diversas etapas en la SCJN, 12 quejosos están bajo tratamiento médico y tres casos son de personas jóvenes que fallecieron en los pasados tres meses. Extraoficialmente se conoce que en el país hay alrededor de 80 personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Explicó que los demandantes ganaron el amparo en primera instancia; sin embargo, el IMSS interpuso un recurso de revisión porque alega que el medicamento Soliris causa la muerte de los enfermos.

Díaz Valles sostuvo que en sus alegatos para no proporcionar el medicamento a sus derechohabientes, el IMSS afirma que si trata a un paciente por esta rara enfermedad deja de atender a más de 24 mil diabéticos o de aplicar miles de vacunas para sus derechohabientes.

En cambio, destacó la labor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atiende y medica, sin problemas, a cinco de sus derechohabientes que padecen la citada dolencia.

En caso de que la Corte no dé la razón a los quejosos, dijo el abogado, el Estado va a dictar eutanasia o sentencia de muerte.