La Presidencia de la República interpuso dos nuevas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que las leyes en materia educativa aprobadas en Baja California y Zacatecas contravienen las reformas al articulo tercero y 73 de la Carta Magna aprobadas en 2013, cuyo proceso de armonización en los estados concluyó en marzo pasado.

Con esta decisión del gobierno federal, suman seis los estados que enfrentan este proceso.

En esta ocasión, corresponde a una entidad gobernada por el priísmo, Zacatecas, que encabeza Miguel Alonso Raya desde 2010, así como Baja California, cuyo gobernador Francisco Vega milita en filas del Partido Acción Nacional.

En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, presentó la demanda de controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de las citadas entidades con motivo de la expedición de las leyes en materia educativa estatales.

La administración de Enrique Peña Nieto considera que las normas locales aprobadas contravienen algunas disposiciones de la Constitución, las leyes reglamentarias correspondientes y, por tanto, el espíritu de la reforma educativa.

Detalla que las dos controversias se suman a las presentadas el 15 de abril pasado, en el mismo sentido, en contra de las legislaturas y ejecutivos estatales de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas.

En el caso de la primera entidad, por la omisión de legislar en materia educativa acorde a la Constitución. Respecto de las otras tres entidades, por aprobar leyes que no se armonizan con la reforma educativa al contravenir la Constitución y las leyes generales derivadas.

En el caso particular del estado de Baja California, el Poder Legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución. Sin embargo, la SEP no aclaró cuáles son las presuntas irregularidades en que habrían incurrido los legisladores de Zacatecas al aprobar la armonización de las leyes secundarias de la reforma en su normatividad educativa estatal.

El gobierno de la República, explicó la dependencia federal, busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Carta Magna y las leyes secundarias en materia educativa.

En todos los casos, la finalidad de estas controversias es que, si la SCJN las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.