Las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de legislación secundaria energética pretenden convertir en menos de dos años a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas productivas del Estado, una nueva figura con carácter empresarial, a las que se impondrá un régimen jurídico que las obliga a competir con las corporaciones trasnacionales y a pagar cada año al Estado parte de sus ganancias.

Se precisa que para 2016 ese pago, denominado dividendo estatal, será como mínimo 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos.

Pemex deberá compartir los pocos yacimientos y campos petroleros que le sean asignados para exploración y explotación mediante el mecanismo de ronda cero con empresas nacionales o extranjeras, a través de convenios, contratos o asociaciones estratégicas, vía nuevos y flexibles esquemas de contratación, que incluyen la adjudicación directa.

En el caso de contratos de Pemex con trasnacionales que surtan efecto o se ejecuten fuera del territorio nacional, la aún paraestatal podrá celebrar acuerdos arbitrales, convenir la aplicación de derecho extranjero y someterse a la jurisdicción de tribunales de otros países.

Son mecanismos alternativos para dirimir controversias judiciales o signar contratos y se dan en el contexto de la flexibilidad empresarial que Pemex requiere para la adecuada realización de sus operaciones comerciales, señala la explicación de motivos de la iniciativa presidencial por la que se expiden las leyes de Pemex y de la CFE.

Para ambas empresas, Peña propone trasformar en su totalidad su régimen jurídico, alejándolas lo máximo posible del sector público y acercándolas al privado. El Ejecutivo sostiene que el Estado se asume como propietario de ellas, pero no administrador.

Se trata de un esquema dual, en el que ambas empresas dejarán de regirse por la Ley de Entidades Paraestatales y las leyes de Adquisiciones, Obras y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Ley General de Bienes Nacionales sólo operará en el caso de las propiedades inmuebles de Pemex.

Las refinerías y otras instalaciones para el transporte de gasolina y gas no serán ya del dominio público, es decir, dejarán de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Ambas empresas deberán cumplir con las disposiciones de transparencia y revelación de información que tienen los consorcios privados que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pero están exentas de repartir utilidades entre sus trabajadores.

El artículo 13 de la Ley de Pemex propuesta por el Ejecutivo señala que su consejo de administración podrá establecer las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales de Pemex, sus empresas productivas o, en su caso, empresas filiales.

Esa ley apunta en su octavo transitorio que las cinco filiales de Pemex se fusionarán en dos empresas productivas subsidiarias. Los bienes, derechos y obligaciones se entenderán transmitidos a las nuevas entidades.

Además de esas dos compañías productivas subsidiarias, Pemex podrá contar con empresas filiales, y aquellas en las que participe directa o indirectamente con más de 50 por ciento de su capital social se regirán por el derecho privado, con independencia de que operen en territorio nacional o en el extranjero.

De acuerdo con el artículo 5 de esa ley, Pemex podrá participar en la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como su recolección, venta y comercialización, por sí misma, con el auxilio de sus empresas subsidiarias y filiales o mediante la celebración de contratos, convenios, asociaciones o alianzas con terceros.

Esquemas de contratación flexibles

Se asegura en la exposición de motivos de la iniciativa que lo anterior, además de desarrollar nuevos y flexibles esquemas de contratación, permitirá a Pemex compartir experiencias con petroleras internacionales con las que celebre alianzas estratégicas.

Se incluye la obligación de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias de entregar anualmente al Estado parte de sus ganancias mediante un dividendo estatal. Se argumenta que una de las consecuencias del cambio de paradigma es que el Estado asuma su papel de dueño de Pemex y reciba esos ingresos.

Hacienda será la encargada de proponer el monto, a partir de los informes anuales que le remitan Pemex y las empresas productivas subsidiarias sobre su sus finanzas. En el artículo décimo transitorio se precisa que para el ejercicio fiscal de 2016 será, como mínimo, equivalente a 30 por ciento de sus ingresos de 2015, después de impuestos.