El primer paso para erradicar la tortura es romper la idea de que se trata de una práctica normal, lo cual se logra al indagar y sancionar religiosamente a todos los perpetradores de este delito, señaló Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En entrevista con La Jornada, tras su visita oficial de 12 días al país, el funcionario lamentó que en México la tortura siga siendo usada por las fuerzas de seguridad para quitarse de encima la presión de resolver casos judiciales, particularmente los que tienen más eco en los medios.

De igual forma, el especialista argentino –quien advirtió que la tortura se practica en México de forma generalizada– deploró que la gran mayoría de las víctimas de este crimen son personas de los estratos sociales más bajos, que tienen menores posibilidades de contar con una defensa adecuada desde las primeros momentos de su detención.

–Relator, usted advirtió que la tortura se ha normalizado en México. ¿Qué pasa cuando ni el gobierno ni la sociedad de un país consideran grave esta violencia?

–Ningún país está exento de la tortura; incluso las democracias más avanzadas tienen la percepción de que cuando hay un peligro para la ciudadanía, como el terrorismo o el crimen organizado, entonces todo vale.

Como además la tortura no nos sucede a nosotros, sino a personas que no queremos ver, no queremos reconocer, ni siquiera saber sus nombres, la sociedad empieza a normalizarla. Lo que ocurre entonces es que las instituciones que están ahí para protegernos empiezan a perder la confianza de la ciudadanía y se produce un círculo vicioso. Eso es lo que creo que se debe hacer en México ahora: romper el ciclo de normalidad de la tortura.

–¿Cómo lograr eso?

–No creo que sea tan complicado. Tampoco digo que se resuelva de la noche a la mañana, porque puede ser una cultura institucional muy difícil de revertir, pero de ninguna manera es imposible. Hay que empezar por investigar, procesar y castigar religiosamente todos los casos; no ignorar casos, sino analizarlos de buena fe; reforzar la defensa en las primeras horas de la detención y otras medidas que vamos a sugerir tras analizar el material que tenemos.

–¿La tortura puede ser usada también como inmovilizador social, como un castigo social a través del miedo?

–Tiene ese efecto, aunque no creo que sea la intención deliberada, como en la desaparición forzada, que tiene por efecto victimizar a la familia y los amigos.

“Creo que el factor principal es la supuesta ‘resolución’ de delitos, y digo supuesta porque las personas que lo hacen cortan camino y consideran un caso resuelto porque llevaron a ciertas personas a ser detenidas. Si meses después se comprueba que eran inocentes, no importa tanto.

“Ese es un fenómeno que se ve en muchos países: sacarse de encima los casos –sobre todo los casos sonados– lleva a torturar. Y después se generaliza o se normaliza, porque no hay sanción y porque resulta el camino más corto, más fácil, aunque sea el más cruel y el menos eficaz.

Campea la sensación de que si se actúa mucho contra la tortura, se pierde eficacia en la lucha contra el delito, pero es precisamente al revés: para ser eficaces, hay que ser escrupulosos al no permitir la tortura.

–¿A usted le daría miedo ser detenido y procesado en México por ser una posible víctima de tortura?

–No me gustaría que me detuvieran en ningún país. Me da miedo por los mexicanos de origen humilde, porque yo encontraría la forma de tener un abogado bueno de inmediato, aunque me costara un poco de plata y creo que zafaría de la tortura. Pero no es el caso del ciudadano de a pie de este país.

Los casos que yo vi en esta visita eran invariablemente de personas de pocos recursos, de los estratos sociales más bajos. Me da pena que la tortura esté reservada para ellos, o que las garantías contra la tortura sean para quienes se pueden dar el lujo de usarlas.

–¿Qué puntos piensa incluir en sus recomendaciones finales?

–Debe desalentarse la tortura por exclusión. Si un investigador tortura por tener resultados, pero sabe que no tendrá efectos porque se perdería la prueba, tendrá incentivos para usar recursos más humanos, legales y científicos. Tardará más, pero si de buena fe quiere resolver delitos, será más eficaz. Además, hay que atacar el tema de las garantías de las personas detenidas, el acceso a un abogado o defensor público independiente en los primeros momentos de la detención y que los fiscales entiendan su labor, no como la de quienes legalizan una detención, sino como garantes de la legalidad.