El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Arquímides Oseguera Solorio, es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), como parte de la averiguación previa en la cual se indaga la responsabilidad penal de diversos funcionarios y ex servidores públicos de esa entidad, en hechos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como por sus nexos con integrantes del cártel de Los caballeros templarios.

Oseguera Solorio –integrante del Partido de la Revolución Democrática y ex diputado local– se encuentra preso al igual que el ex tesorero de ese ayuntamiento Omar Alejandro Soto Gil, en el llamado penal estatal de Mil Cumbres, Michoacán, ya que ambos enfrentan acusaciones penales por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y secuestro, y ayer se les dictó auto de formal prisión, sin derecho a fianza, ya que uno de los ilícitos es considerado grave.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que Oseguera Solorio encubrió el traslado y almacenamiento de minerales que fueron obtenidos de manera ilícita por Los caballeros templarios, y posteriormente eran enviados a China a cambio de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información proporcionada, el ex alcalde de Lázaro Cárdenas habría encubierto las operaciones de células criminales durante su gestión, y ello permitió que durante meses se almacenaran grandes cantidades de hierro en bodegas cercanas a la aduana de ese puerto y que también fueran trasladados por tierra al estado de Colima.

Las investigaciones relacionan al ex alcalde con la acumulación de más de 119 mil toneladas de hierro que fueron descubiertas en esa población en marzo pasado, y en las 68 mil toneladas aseguradas en el buque Jian Hua, de bandera china, que pretendían ser comercializados de manera ilegal.

Reportes de la procuraduría general de justicia de Michoacán refieren que el ex alcalde exigía dinero a empresas mineras. Se hicieron bajo amenaza de causar un daño si no cedían a la entrega del recurso. De igual forma, existen imputaciones contra el edil y el tesorero en relación con su probable responsabilidad en la privación de libertad de un joven, cuyo paradero hasta el momento se desconoce.

Durante el desahogo de la diligencia para dictar el auto de formal prisión contra los ex funcionarios, trascendió que hubo denuncias de empresas constructoras a las que Arquímides Oseguera cobraba un porcentaje para entregarlo a los líderes de la delincuencia organizada.