Mario Aguilar Sánchez, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), reconoció que el pueblo cucapá tiene una situación de necesidad pero –dijo– no se puede ampliar la consideración especial que se le otorgó este año para la captura de corvina golfina en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Refirió que para la actual temporada, como una medida de apoyo a los indígenas y a sus sociedades cooperativas de producción pesquera, se otorgaron permisos a 111 embarcaciones frente a las 52 que lo obtuvieron el año pasado; se podrá extraer un máximo de 3 mil 620 toneladas de peso eviscerado con buche (vejiga natatoria) de corvina golfina, que corresponde a 3 mil 538.6 toneladas de curvina eviscerada y 81.4 toneladas de buche, con una captura total por embarcación de 5 mil 728 kilogramos.

Esta consideración, derivada del derecho constitucional para los pueblos indígenas, no puede ser ilimitada. La pesquería de la corvina estuvo colapsada y su recuperación fue lenta; si se otorgan permisos que excedan los límites impuestos por el Instituto Nacional de Pesca, el recurso estará nuevamente en riesgo; se verán los programas especiales para apoyarlos, comentó en breve entrevista.

Marco Antonio Ortiz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, informó que al término de la reunión sostenida con el titular de Conapesca y altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación se acordó conformar una comisión técnica en la que participarán ambas instancias, así como el gobierno de Baja California, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sagarpa) y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la cual emitirá una convocatoria para la consulta pública al pueblo cucapá para modificar el decreto de la citada reserva que data de hace 21 años.

Los indígenas, dijo Ortiz, irán a pescar el día 25, último de marea viva, con o sin permiso, por lo que las autoridades pidieron una tregua para dar una respuesta antes de esa fecha; también se acordó revisar los casos de los 10 detenidos y procesados penalmente por el bloqueo de la carretera Mexicali al puerto de San Felipe, Baja California, y las averiguaciones en contra de otros seis cucapás.

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acreditará a los cucapás responsables de vigilar la reserva, mientras Sagarpa y CDI darán a conocer un proyecto estratégico de empleo alterno para los indígenas.