Iván de 23 años, denunció que cuando acude al reclusorio a visitar a su pareja ha sido víctima de abusos y arbitrariedades, debido a que guardias de seguridad penitenciaria le piden bajarse los pantalones. Tocan todo mi cuerpo, incluido genitales, y me exigen que haga sentadillas con el argumento de que no vaya a introducir droga o algún otro artículo ilegal. Además, para ingresar me piden dinero y manosean la comida que llevo.

El proceso de revisión, dijo, dura alrededor de 10 minutos. Visito a mi pareja cinco días a la semana. Durante la inspección me quejo, pero los custodios dicen que es su trabajo. Para mí es un exceso, agregó.

También lamentó que cuando su pareja, quien lleva cinco años en prisión, se enferma no recibe atención médica adecuada. La mayoría de las veces no le dan medicamento, indicó.

Explicó que a pesar de quejarse ante las autoridades correspondientes han hecho caso omiso. Les insisto, pero tengo miedo a represalias.

Al respecto, David Ledesma, coordinador del área de Juventud y Diversidad Sexual de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) manifestó que las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, Transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) privadas de la libertad en centros de reclusión, así como sus parejas sufren una doble discriminación del personal encargado de asegurar y salvaguardar su integridad.

Dijo que esto afecta su acceso a los servicios de salud, pues han documentado la cancelación arbitraria de la Atención Médica Primaria para las personas LGBTTTI, además de que les niegan los medicamentos.

La violencia en contra de este sector de la población privada de la libertad es producto de la poca o nula sensibilidad que las autoridades de seguridad y custodia, así como del resto de la población penitenciaria tienen respecto de la diversidad sexual y de género, abundó el activista de Asilegal, colectivo que ha documentado la situación de las personas privadas de su libertad en el Distrito Federal y varios estados del país.

Sin embargo, la discriminación hacia la comunidad LGBTTTI no sólo se presenta en los centros de reclusión, sino también en estaciones migratorias del país.

El activista gay Ender Manuel Martínez, de El Salvador, quien hace unas semanas solicitó asilo político en México, denunció malos tratos durante los siete meses que permaneció en la Estación Migratoria Las Agujas, localizada en Iztapalapa.

Ender Martínez, de 32 años, llegó a México a finales del año pasado, pero debido a su condición migratoria fue retenido en la mencionada estación.

Agentes del Instituto Nacional de Migración, comentó, incurrieron en prácticas de exclusión y discriminación debido a su preferencia sexual y además le negaron tratamiento especializado.

Indicó que las autoridades argumentaron que por seguridad lo aislaron en el área de confinamiento especial reservado a personas con problemas mentales, donde, aseguró, fue acosado sexualmente.

Agregó que no puede regresar a su país, ya que su activismo en favor de la defensa de los derechos de personas de la diversidad sexual ha sido amenazado de muerte.