La contrarreforma energética y el dictamen sobre la ley de hidrocarburos que prepara el Senado son un atraco a México, violan los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la legislación nacional como internacional, ya que privilegian el interés privado y en particular extranjero sobre el interés supremo de la nación y de los pueblos originarios, afirmó Juan Carlos Beas, de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), de Oaxaca.

Mario Luna, secretario del pueblo yaqui de Vícam, Sonora, comentó: es una tristeza que el citado dictamen otorgue preferencia a la industria petrolera sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la tierra o del subsuelo, pues la prioridad es la producción agropecuaria.

Afirmó que los yaquis siempre seguirán luchando en defensa de su territorio frente a cualquiera que pretenda ocuparlo, como lo han venido haciendo, tanto por la vía legal como mediante diversas movilizaciones, y puso de ejemplo el bloqueo de la carretera federal número 15, que sostuvieron durante más de siete meses.

Beas advirtió que en caso de aprobarse dicho dictamen se estará agraviando a los pueblos originarios y la conflictividad social se expandirá, ya que con el pretexto de convertir en interés público los negocios privados, se legalizan los despojos a nuestras comunidades.

Agregó que el derecho al consentimiento previo, libre e informado –establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley en México– es vulnerado y desconocido de plano. Sin lugar a dudas el Senado tiene prisa por vender el patrimonio nacional, sin importarle los derechos de los pueblos, las personas y de la madre tierra, aseveró Beas. 

En este contexto, se divulgó la convocatoria de Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el Frente Indígena y Campesino de México y la Red Nacional de Resistencia Civil, entre otras organizaciones y pueblos, para realizar, el próximo 8 de julio, una movilización nacional por los presos políticos y en contra de la imposición de proyectos de muerte, como el Proyecto Integral Morelos.