Los contratos de ocupación de tierras incluidos en la propuesta presidencial de ley de hidrocarburos, que contemplan la posibilidad de que se aplique la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en terrenos destinados a la explotación de petróleo y de gas, serán inconstitucionales, afirmaron los abogados Antulio Ontiveros Laguna, Marco Antonio Martínez y Humbertus Pérez Espinosa.

Añadieron que si el Congreso aprueba esa ley y ésta se aplica, los propietarios de tierras ejidales y comunales quedarán legitimados para recurrir al juicio de garantías y, sin duda, cualquier juez deberá concederles el amparo y la protección de la justicia federal, por tratarse de contratos que violan la Carta Magna.

Los especialistas dijeron a La Jornada que el error del presidente Enrique Peña Nieto fue no haber presentado una iniciativa de reforma a la fracción séptima del artículo 27 constitucional, que interpretada en su sentido más amplio estipula que el Estado mexicano está obligado a proteger la propiedad ejidal, comunal y de asentamientos humanos, a fin de que se garantice que, bajo ningún pretexto o circunstancia contractual, esas tierras se vean afectadas hasta el grado de dejar de ser productivas.

Los contratos de ocupación son una expropiación simulada, que viola la fracción séptima del 27 constitucional, porque las empresas privadas van a ocupar un terreno comunal, y después de la extracción de hidrocarburos los ejidatarios van a recibir sus tierras deterioradas, dañadas y en total improductividad, sostuvo Humbertus Pérez, amplio conocedor de las leyes agrarias y asesor de diputados petistas y perredistas.

Agregó que cuando una empresa extranjera se retire de las tierras en que explotó hidrocarburos, éstas quedarán prácticamente inservibles de por vida, como sucedió en la zona de la Chontalpa, Tabasco, donde después de años de litigio contra Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal se ha negado a indemnizar a los ejidatarios por la afectación irreparable de sus terrenos.

Añadió que los contratos de ocupación no están previstos en las leyes agrarias mexicanas, sino que forman parte de la propuesta de reforma energética de Peña Nieto, cuyo gobierno quiere aprovechar esta relación contractual para evitar la expropiación directa de terrenos ejidales, pero, al final, será una expropiación simulada.

Indicó que esa reforma contempla dos tipos de contratos: de regalías y de exploración.

“En el contrato de regalías se refiere que cuando se concede a una empresa extranjera la exploración de un terreno, y ésta extrae los hidrocarburos, la que va a producir los barriles es ahora la compañía extranjera, y si ese barril valía 120 dólares en el mercado internacional, y a Pemex le costaba producirlo 20 dolares, México ganaba 100 dólares.

Ahora no va a ser así, porque si ese barril vale 120 dólares en el mercado, la empresa extranjera sólo le va a dar de regalías a Pemex 10 por ciento, que serían 12 dólares, y eso no lo dicen los funcionarios del gobierno federal.

Marco Antonio Martínez, especialista en amparo, dijo que los ejidatarios pueden llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conseguir una declaratoria de inconstitucionalidad.

Antulio Ontiveros refirió que otra falacia de los voceros del régimen peñista es que las compañías que firmen esos contratos van a tener que pagar ISR, IVA e impuesto predial.

Me pregunto: si van a pagar impuesto predial esas empresas extranjeras, ¿no van a ser dueñas de las tierras que ocupen?