La ley de hidrocarburos provocará que millones de hectáreas que ahora son de agricultura o reservas ecológicas se conviertan en tierras muertas, debido a la explotación en calidad de préstamo que efectuarán trasnacionales dedicadas a energía y minería.

El coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, aseguró que si el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, asegura que las leyes sobre hidrocarburos aprobadas en el Senado no provocarán “expropiaciones de facto de tierra ejidal ni comunal para entregarla a inversionistas privados nacionales o extranjeros”, se debe a que a las empresas petroleras no desean comprar las tierras, porque podrán hacerse de ellas por el esquema de adopción del dominio pleno.

A la industria extranjera tampoco le interesa la expropiación que implica el convenio de ocupación previa y el pago de indemnizaciones, ya que se les provee de la figura de contratos de ocupación, que al realizarse por negociación directa, resulta conculcatorio del derecho de asesoría, dijo.

Apuntó que, según Laynez, no es interés de las trasnacionales, después de conseguir un permiso de exploración, explotación y extracción de hidrocarburos, comprar la tierra superficial, lo que es lógico porque después de 30 o 40 años de explotación (...) no sabrán qué hacer con las tierras muertas.

Eso es, dijo, porque serán tierras inservibles para actividades productivas y, sin duda, no volverán a servir para sembrar productos alimenticios.

¿Qué patrimonio quedará a los dueños de la tierra cuando ya no haya riqueza petrolera en el subsuelo y la contaminación y destrucción de la superficie sea evidente y no rentable?, cuestionó.

Expuso que la visión de estos funcionarios no contempla el aprovechamiento de la riqueza natural para el desarrollo de las regiones; pareciera que sólo les importan las migajas en forma de prebendas que les tirarán al suelo las empresas trasnacionales si logran aprobar las leyes reglamentarias que sólo favorecen a los supuestos inversionistas.

Lo anterior, porque aunque se mantiene la figura de la consulta en asentamientos indígenas, se podrá realizar una negociación que incluya el arrendamiento de la tierra donde la Secretaría de Energía considere que debe haber exploración de hidrocarburos.

Todo está previsto para que las poderosas trasnacionales demanden la creación de servidumbres de hidrocarburos, es decir, de mecanismos legales pero ilegítimos para la ocupación de la tierra a través del uso temporal.

Eso muestra la visión depredadora y salvaje del gobierno federal en aras de la entrega de la riqueza natural a extranjeros mediante los megaproyectos energético-mineros, apuntó.

La mayor prueba es que la competencia para resolver controversias se deja en manos de juzgados de distrito y se desconoce de facto la competencia de los tribunales agrarios, según Durán Vera.

Mencionó que el ordenamiento se contrapone al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que suscribió México y que se refiere a que se deben respetar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas con propiedad comunal constitucionalmente reconocida.