Buenos Aires califica la medida de abuso de autoridad
Sábado 28 de junio de 2014, p. 20
Buenos Aires, 27 de junio.
El gobierno de Argentina acusó este viernes al juez federal estadunidense, Thomas Griesa incurrió en un "abuso de autoridad" y excedió su jurisdicción al bloquear los fondos destinados para el pago de deuda reestructurada, en medio de una batalla judicial con acreedores que no ingresaron al canje. El gobierno argentino calificó en un comunicado de "insólita e inédita" la decisión del juez de ordenar al Bank of New York Mellon devolver los fondos depositados en ese banco para cancelar un cupón que vence el 30 de junio. Griesa, sin embargo, no embargó los fondos.
Griesa dijo en una audiencia que la decisión de Argentina de depositar un pago a acreedores para evitar un default fue una "medida explosiva" e ilegal y ordenó al país que se sentara a negociar.
El juez dictaminó ya que Argentina debe pagar mil 330 millones de dólares a acreedores que no aceptaron ingresar en los canjes de deuda de 2005 y 2010., después de que el juez estadunidense Thomas Griesa anuló el pago a los tenedores de bonos que se acogieron al canje de los años 2005 y 2010.
Argentina envió el dinero para demostrar su voluntad de pago, pero durante la audiencia entre los representantes del Estado argentino y los fondos buitre, el juez dispuso que este depósito no sea girado a los tenedores de bonos, hasta que no se llegue a un acuerdo con los fondos buitre. Hay un plazo de 30 días de gracia para esto.
En tanto, las negociaciones transcurren desde hoy a cargo del mediador designado por el juez, el abogado Daniel Pollack. Consultado por un representante del Bank of New York Mellon sobre lo que se iba a hacer con el dinero depositado por el gobierno argentino, Griesa dijo que "debería ser devuelto a Argentina".
Al hacer el depósito, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se deslindó de "cualquier responsabilidad y/o cumplimiento que pretenda imputársele a la República", tal como figura en una carta publicada en los más importante medios locales, ante la posibilidad de que Griesa embargara esos fondos.
Los analistas consideran que este nuevo fallo sobre el pedido argentino de suspender la sentencia que obliga a pagar a los fondos buitre es una nueva "medida a favor de éstos"_.
Aunque los fallos en firme contra este país habilitan el embargo de los fondos que se envían a los bancos de Nueva York para pagar a los tenedores de bonos que ya han reestructurado su deuda, Griesa también enfrenta un problema, debido a la cantidad de declaraciones, incluso de organismos financieros y del propio Fondo Monetario Internacional, ante la posibilidad de que tomara una medida semejante.
En tanto, Paul Singer, titular de NML Capital, el fondo que encabeza la demanda, solicitó al juez Griesa que declare al país en desacato, bajo el argumento de que adoptó "medidas descaradas"_ para pagar deuda restructurada, ante lo cual el juez sostiene que "esto no es apropiado".
La medida cautelar ordenada por el tribunal, que se refiere a la cuestión del pari passu (igualdad de condiciones), no entra todavía en vigencia, a menos que Argentina realice pagos a los tenedores de bonos restructurados.
De esta manera, la negociación se hará "con un arma en la cabeza recordando que el próximo lunes vencen capital e intereses de los bonos Discount, uno de los tres títulos que el Estado argentino entregó al 93 por ciento de los poseedores de los bonos, que aceptaron el canje de deuda"_, consideró el diario Tiempo Argentino.
La necesidad de una suspensión de la sentencia de Griesa intentaba evitar el embargo de los fondos, como le hicieron saber al juez los abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton que representan a Argentina.
Mientras llegan múltiples adhesiones de organismos y países al gobierno argentino, este decidió transferir el dinero a las respectivas cuentas de bancos y cámaras compensadoras para cumplir con los compromisos de fin de mes.
Funcionarios de Economía se proponen detallar ante el mediador Pollack la gravísima situación en que se ha colocado a Argentina por los fallos de primera y segunda instancia en favor de los fondos buitre.
El país demuestra que quiere negociar de buena fe, pero "el fallo es incumplible tal cual fue concebido en primera y segunda instancia, debido a que gatillaría sentencias por hasta 15 mil millones de dólares de holdouts (bonos mantenidos al margen) aún en litigio contra el país"_.
Otro tema a exponer es la necesidad de que venza la llamada "cláusula Rufo, que obligaría al país a igualar al 93 por ciento de los bonistas que participaron del canje lo que reciban los buitres, lo que elevaría la deuda argentina a 120 mil millones de dólares"_ y que una negociación de esta magnitud requiere de mucho más que un mes de gracia, como el que se ha dispuesto.
_Por otra parte, en una carta entregada ayer al despacho del juez Thomas Griesa, el premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, advirtió sobre la inmoralidad y la injusticia de pagar los bonos hoy en manos de los fondos especulativos y propone una reflexión más personal sobre la distinción entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia.
"Nunca puede ser justo que se privilegie el capital financiero por sobre la vida de los pueblos," escribe Pérez Esquivel.
Estos bonos "son parte del endeudamiento que después (de la dictadura) fue impuesto en los años 90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores", agregó.
Reconoce que, según el derecho, tiene prioridad la "deuda interna con el pueblo", la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales. Esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen".
