La inclusión de diversas fracciones en el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, en las que se instruye a las empresas productivas del Estado a garantizar que sus operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, implica una gran contradicción con las razones que, en principio, hicieron necesaria la reforma constitucional energética, alertó Fluvio Ruiz, consejero profesional Independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario resaltó que mediante un artificio jurídico se pretende colocar la creación misma de condiciones de mercado por encima de cualquier otro objetivo (económico, tecnológico, industrial, fiscal) de la reforma.

Detrás de esta propuesta está la voluntad de que Pemex deje de crecer y ceda a otras empresas, en forma inmediata, los nuevos espacios y, en forma paulatina, aquellos en los que hoy está bien asentada, advirtió.

Cabe recordar que en el Senado de la República, en el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativo, se adicionaron diversas fracciones.

Por medio de aquellas se propone, a las autoridades de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Competencia Económica para en el ámbito de su competencia, instruir a las empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, a realizar las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética.

A este respecto, Ruiz Alarcón opinó que estas adiciones dejan de manifiesto que Pemex tiene la suficiente capacidad técnica, operativa y financiera para representar un reto para las operadoras internacionales; de otra manera no habría necesidad de este tipo de previsiones en la ley. Además, da pie a pensar que el fortalecimiento de Pemex es sólo un recurso discursivo de quienes impulsaron la reforma, pues sólo si es menester debilitarla para cumplir los objetivos gubernamentales se entiende que la petrolera pudiera obstaculizar las políticas públicas.

En imagen de archivo, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional Independiente de Petróleos Mexicanos, durante un debate en el Senado sobre reforma energéticaFoto Foto José Carlo González

En todo caso, el riesgo mayor de estas disposiciones es que la Secretaría de Energía (Sener) impida en forma unilateral a Pemex y a las demás empresas productivas del Estado competir e invertir en la industria petrolera, en particular, en las rondas de licitaciones de licencias y contratos de exploración y producción.

“La necesidad de recurrir a una disposición legal como la que se propone, dejaría al descubierto que en la ronda cero a Pemex se le habrían dejado muchas menos áreas exploratorias que las que corresponderían a sus capacidades”.

Explicó que incluso estas fracciones podrían ser invocadas para evitar que Pemex tuviera una efectiva política de alianzas, lo que “nos pondría en la paradoja de una intervención estatal que distorsionaría la tendencia natural del mercado –cuyos actores principales buscan en un primer tiempo asociarse con Pemex–, a nombre de la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados”.

De aprobarse el dictamen en sus términos, no se cumpliría la promesa de dar a Pemex los instrumentos y las condiciones necesarias para competir en igualdad de condiciones que todas las demás empresas, destacó. Hay un notorio sesgo discriminatorio contra la empresa pública, que no se observa en ninguna experiencia internacional precedente, subrayó.