Nueva York, 7 de julio.

El gobierno de Argentina pidió hoy a un mediador judicial de los fondos especulativos en Estados Unidos reinstaurar una medida cautelar para que pueda cumplir con un pago a acreedores de su deuda restructurada, durante una reunión de conciliación con tenedores de bonos no pagados.

El ministro de Economía del país sudamericano, Axel Kicillof, acudió a la primera reunión cara a cara con el abogado Daniel Pollack, mediador judicial designado por el juez federal de Nueva York Thomas Griesa, con el objetivo de destrabar la disputa con poseedores de bonos.

“Se dejó en claro que la sentencia de Griesa, tal como se interpreta, sería imposible cumplir; que reponer el stay (medida cautelar) sería necesario, ya que el caso involucra no sólo a litigantes, sino también se podría extender a todos los bonistas que no ingresaron a los canjes, y que obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010”, aseveró el Ministerio de Economía de Argentina en un comunicado dado a conocer en esta ciudad estadunidense.

El ministro Kicillof reiteró la voluntad de Argentina de seguir dialogando para asegurar condiciones justas, equitativas y legales, lo cual implica contemplar los intereses de 100 por ciento de bonistas, agregó.

En Buenos Aires, el gobierno argentino publicó poco antes de la reunión un aviso legal dirigido a los tenedores de bonos en Estados Unidos, Inglaterra y Gales, en el cual notificó el cumplimiento en tiempo y forma del pago del vencimiento de intereses.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el objetivo es que quede clara la voluntad de pago del gobierno y así evitar maniobras de cualquier agente externo que tienda a impedir el cobro, en alusión al fallo del juez estadunidense.

En las conversaciones, los acreedores no restructurados de los llamados fondos buitres, a los que Argentina debe pagar mil 330 millones de dólares más intereses por orden judicial, están representados por NML Capital, de Elliott Management, y Aurelius Capital Management.

Las discusiones han sido francas, se han identificado los asuntos principales y las partes han señalado su intención de seguir reuniéndose, declaró Pollack, socio de la firma de abogados McCarter & English.

Los bonistas que restructuraron, que aceptaron una fuerte quita de capital, representan 92 por ciento del total de acreedores de la deuda argentina. El gobierno de Cristina Fernández sostiene que una cláusula firmada por el país en ambos canjes de deuda le impide ofrecer mejores condiciones a los inversores que en su momento no aceptaron la propuesta.

Griesa bloqueó el pago que el Estado argentino debía realizar el 30 de junio a los tenedores de bonos restructurados, lo cual dejó al país al borde de una nueva suspensión de pagos o default.

La estrategia de Argentina apunta a extender las negociaciones con los litigantes comandados por NML, del multimillonario neoyorquino Paul Singer, hasta diciembre de este año, cuando formalmente dejará de tener vigencia la cláusula de los dos canjes de deuda, y acordar con los llamados fondos buitres sin riesgo de sufrir nuevas demandas.

En Montevideo, mientras tanto, el parlamento del Mercosur aprobó una declaración de apoyo a Argentina, en la cual expresó que el fallo del juez Griesa es simplemente inaplicable. Criticó que no tomara en cuenta que 92 por ciento de tenedores de bonos ya aceptaron refinanciarlos.

“Los bonos especulativos promovieron la crisis en la economía mundial en 2008, a partir de la debacle subprime en Estados Unidos y ahora quieren poner a Argentina de rodillas, con la anuencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, para sacar hasta la última gota de sangre de su economía y del esfuerzo nacional para la producción de bienes y servicios necesarios para la vida de los argentinos”, añade la declaración, aprobada por legisladores argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos y venezolanos.