Con la decisión de no modificar la redacción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, la mayoría de PRI, PAN, PVEM y Panal en la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen respectivo de la minuta del Senado, en una sesión en la que seis diputados señalados como integrantes de la telebancada no se dieron por aludidos en la demanda de excusarse del debate.

Las comisiones unidas de Radio y Televisión y de Comunicaciones, con el voto en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, aprobaron el dictamen en lo general (la panista Patricia Lugo se abstuvo) y dejaron para la discusión en el pleno las reservas que se presentarán en lo particular en la sesión de hoy, aunque sólo se permitirá su lectura, pero sin que sean admitidas. Hasta el momento existen 193 reservas, pero Acción Nacional anunció que presentará las suyas este martes.

Durante seis horas, legisladores de estos tres partidos insistieron en que ambas leyes contradicen la disposición constitucional de que la preponderancia de las empresas de radio, televisión y telecomunicaciones debe ser por servicio y no por sector.

La definición de agente económico preponderante con base en la participación en un sector sólo busca que un grupo televisivo se beneficie. Se distorsiona la Constitución para favorecer, con dedicatoria, a una empresa concentradora y monopólica como Televisa. Y en cambio se castiga a las radiodifusoras comunitarias e indígenas, a las que se mantiene en la pobreza permanente, cuestionó el vicecoordinador del PRD y secretario de la Comisión de Comunicaciones, Miguel Alonso Raya.

En cambio, el panista Homero Niño sostuvo que la figura de preponderancia ni siquiera existe en la Constitución y que en ésta se dejó claro que se declare dominantes a las empresas por sector, y si ahora se nos ocurre decir que siempre no, eso sí haría que se ganaran amparos y se cayera la reforma completita.

Desde el arranque de la sesión de comisiones, la diputada Roxana Luna Porquillo solicitó que se excusaran de participar en el debate de la minuta los diputados priístas Enrique Cárdenas, Patricio Flores, Jorge Mendoza y Simón Valanci; los pevemistas Federico González Luna, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, y Ana Lilia Garza, así como Homero Niño, por un probable conflicto de intereses.

Antes, por separado, Manuel Huerta (PT) presentó una denuncia por presunta responsabilidad administrativa contra 13 legisladores vinculados con las televisoras. Sin embargo, tampoco eso se admitió.

El presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), respondió que no había recibido notificación de la mesa directiva de la Cámara o de alguno de los 500 diputados de excusa alguna.

Esta comisión no tiene facultades de recusación, sino sólo para recibir excusas. Cada diputado determina si tiene o no el derecho de participar, expresó.

Y negó la participación que solicitó la perredista Purificación Carpinteyro Calderón, debido a que ésta se excusó la semana pasada después de que se filtró una llamada telefónica con un empresario en la que ella habla de un negocio en telefonía, una vez que se aprueben las leyes.

Roxana Luna resaltó que la decisión de los diputados que mencionó de PRI, PAN y PVEM se reduce a un conflicto de ética.

Sólo le respondió, sin excusarse, Homero Niño, quien en noviembre presentó una reserva –que fue aprobada– para excluir la compra de propaganda en radio y televisión, disfrazada de información, entre las causales de nulidad de una elección. El resto hizo mutis.

González Luna, a quien el PRD atribuye la redacción de la ley Televisa y ser abogado de esa empresa, sostuvo: en el debate de la preponderancia por sector o por servicio, se le ha dado una carga ideológica y claramente politizada, en cuanto a si se favorece o no a una empresa, a un sector sobre el otro.

Aseguró que no es el único mecanismo para romper los monopolios. Citó el artículo 42 transitorio, en el cual se prevé que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá iniciar la investigación para determinar si existe o no poder sustancial de mercado en televisión de paga. No se busca beneficiar a nadie, sino hacer respetar la Constitución, y eso incomoda y duele mucho.