La única vía para atajar el éxodo de menores centroamericanos es la persecución y desarticulación de las bandas de traficantes de personas, no a partir de la criminalización de los migrantes, advirtió Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG).

“Honduras (el mayor expulsor de la zona) está viviendo debilidad institucional; tuvo una crisis económica, pero también un alto índice de crecimiento de violencia por la actuación de los maras (pandilleros). Estamos enfrente de la parte del mundo más violenta en este momento”, dijo en entrevista para La Jornada.

En medio de un flujo imparable de menores (la autoridad mexicana detectó en el primer semestre del año a 11 mil 265 niños y jóvenes en condición de alta vulnerabilidad), la funcionaria comentó: México está en el peor de los mundos, por ser país de tránsito para los centroamericanos.

Si bien tiene abierta la frontera (es una franja porosa y además hay alternativas para el paso formal de guatemaltecos y beliceños), no tiene ni la cerradura ni la llave para abrir la puerta del otro lado: la de Estados Unidos.

Es decir, si concediera vía libre a los centroamericanos –como propuso Honduras en una cumbre regional en junio pasado–, provocaría un estancamiento indeseable:

México estaría cargando con una presión incontrolable de 250 mil personas (indocumentadas) que quieren llegar a Estados Unidos, advirtió.

Si bien la subsecretaria hace énfasis en la problemática de pobreza y violencia en Centroamérica, señala también que el vecino país del norte ha tenido fallas.

–¿Coincide con el diagnóstico de Estados Unidos que hay una crisis humanitaria, por el número de menores en tránsito?

–Ellos tienen ahora un lenguaje difuso; por supuesto que es una crisis humanitaria para ellos, para cualquiera lo sería, pero Estados Unidos ha formado un embudo, porque no regresan tan rápidamente (a los migrantes) a terceros países. Tienen la obligación de llevarlos a un juez y por alguna razón se les ha hecho el embudo.

El gobierno mexicano tiene planes para atender el fenómeno, no sólo con la ampliación de permisos de estancia temporal para los vecinos directos, sino por medio de intercambio de información con los mandatarios de naciones centroamericanas, con énfasis en la persecución de traficantes, pero también para que se atiendan las causas de la migración.

“Si no se cambian las condiciones de pobreza en Centroamérica, si no ayudan a pacificar a esas pandillas que se convirtieron después en maras en Honduras, difícilmente vamos a salir todos de este problema”, alertó Guillén, abogada, ex legisladora y parte del equipo del presidente Peña Nieto, desde la campaña de 2012 y en el equipo de transición.

Entre los proyectos de México está la posibilidad de promover una reforma legal para acoger a menores extranjeros bajo la figura de asilo.

También está la idea, aún incipiente, de dar asesoría para la aplicación de planes de prevención del delito, bajo la premisa de no criminalizar la migración, sino de generar condiciones de seguridad y desarrollo que eviten el periplo, especialmente de niños y jóvenes entregados a traficantes de personas.

Pudiéramos, con ayuda de Estados Unidos o de quien haya necesidad, poder pasarlos (los planes) a las zonas de mayor violencia de Centroamérica y aportar de esta forma a la pacificación de las comunidades, comentó.

Por lo pronto, dijo, el foco rojo sigue prendido, en especial en Honduras.

Y, pese a la intención expresa del gobierno mexicano de no colocar barreras, expresó la subsecretaria, hasta ahora no hay un plan definido para la regularización o el paso autorizado para hondureños o salvadoreños.

“No hay tránsito; para que yo (México) lo tenga debo contar con la posibilidad de abrir una puerta para que los migrantes salgan por otra. Pero no (… )Habría que preguntar a las personas de los estados del norte la presión que se generaría de esas personas tratando de cruzar a Estados Unidos”.

Las redes de traficantes, subrayó Guillén, cobran entre 5 mil y 7 mil dólares por tres intentos de cruce de los menores hacia Estados Unidos; forman parte de un entramado criminal con trata de personas, agresión a migrantes y otros delitos.

Son ellos, señaló, quienes multiplicaron el rumor de un supuesto plan estadunidense para regularizar extranjeros.

Honduras tiene un delicado problema de violencia, con recrudecimiento en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, vinculado directamente al aumento de la migración.

Cualquier mamá, yo lo haría, saca a su hijo de ese ambiente y paga lo que sea, y eso es lo que están haciendo, situación de la que se aprovechan los traficantes; entonces, súmale hambre, debilidad institucional, más violencia. El disparo ahí está, explicó.

–¿Se ha planteado la posibilidad de dar tarjetas de estancia temporal a hondureños?

–No, no hay ninguna. Ahora no estamos hablando de eso, sino del fortalecimiento institucional (para el intercambio expedito de información) a fin de que los consulados reconozcan a sus nacionales.

“El plan mexicano es combatir a los grupos criminales y, al mismo tiempo, generar mecanismos para visibilizar al migrante.

“Eso es lo que marca la ley, agregó. Es decir, en México no está criminalizada la migración, sí en Estados Unidos, pero ese es otro asunto. Nosotros vamos a seguir en el mismo eje.

El caso de la migración de menores nos puso a todos a vernos en el espejo; me refiero a los países de origen y tránsito. Yo esperaría que Estados Unidos también se esté viendo en el espejo, señaló.