La nueva ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en el contexto de la aprobación de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, limita la obtención de financiamiento de entidades públicas, como el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación (dependiente de la Secretaría de Educación Pública), así como del Canal 22 (del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) y Canal Once (del Instituto Politécnico Nacional, aseguró el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

Esta institución independiente, que se dedica al análisis y a hacer propuestas de políticas viables para el desarrollo, explicó que la nueva reglamentación limita las opciones de financiamiento a donativos, aportaciones y la prestación de algunos servicios, los cuales no excederían el uno por ciento del presupuesto asignado a comunicación social del gobierno federal o estatal correspondiente, lo que equivale a supeditar su potencial desarrollo al presupuesto público y su contenido al control político de la autoridad en turno.

Por otra parte, Alejandro Ocampo Almazán, profesor del departamento de comunicación del Tecnológico de Monterrey, indicó que el hecho de que la Secretaría de Gobernación y los proveedores de Internet estén obligados a guardar la información de los usuarios dos años es gravísimo, porque se está imponiendo una especie de policía del pensamiento y se está perdiendo la libertad y la neutralidad de la red.

Señaló que prácticas como la pornografía infantil y la trata de personas no pueden permitirse bajo ningún concepto, pero el hecho de que se pueda espiar prácticamente sin ningún mandato judicial es muy grave y contradice las resoluciones de la Corte Europea, que recientemente obligó a Google a borrar los registros de las actividades sus usuarios.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos señaló que analiza si la recién aprobada ley federal de telecomunicaciones genera las mismas circunstancias de incertidumbre ante la falta de respaldo judicial y la posible invasión del ámbito de la privacidad, en relación con la geolocalización.

Destacó que en la legislación secundaria de telecomunicaciones se prevén supuestos en los que las instancias de procuración de justicia y seguridad nacional pueden requerir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.