La iniciativa de ley general de juegos y sorteos responsables prevé la delimitación de zonas de interés para la operación de casinos. Es decir, sólo dar anuencia de apertura en lugares analizados previamente.

Se contempla como requisito para la obtención de un permiso que la sociedad cuente con la anuencia municipal, la cual sólo podrá otorgarse en lugares que hayan sido declarados previamente zonas de interés para la instalación de establecimientos, se indica en una ficha informativa del citado proyecto, actualmente en la última fase de negociación, previa a su presentación en el Congreso.

Precisa que la declaratoria en mención será emitida por el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa; de acuerdo con los documentos base de esta nueva ley, el instituto será la autoridad en materia de juegos con apuesta y sorteos.

Operan 400 negocios

Actualmente hay en el país poco más de 400 casinos en operación, cuyos permisionarios, en conjunto, tendrían la opción de expendir este negocio a alrededor de 700 establecimientos. La ley y el reglamento vigentes señalan que no se puede abrir un casino cerca de escuelas o centros laborales.

De prosperar la ley en los términos mencionados, las entidades federativas y los municipios deberán solicitar al instituto su análisis respecto del lugar donde un empresario pretenda instalar un casino o negocio similar.

La normatividad incluirá también un registro público de permisos, el cual deberá tener carácter público. Esta base de datos deberá estar también a cargo del instituto.

En el proyecto se propone cambiar de ley federal a general a fin de regular la coordinación entre los tres niveles de gobierno y delimitar la responsabilidad de cada uno.

Como se ha informado, se busca crear un órgano desconcentrado (instituto, aunque se habló también de una comisión federal) que sustituya a la actual dirección general, reguladora de casinos y establecimientos y actos del sector.

Adicionalmente, los diputados y funcionarios que elaboran este marco legal ratifican la necesidad de cambiar las reglas para la expedición de permisos (uno por establecimiento y no de operación múltiple como ocurre actualmente).

El instituto otorgará el permiso para la instalación y operación de casinos, hipódromos, galgódromos y frontones, por el que el permiso no podrá amparar la operación de más de un establecimiento, se apunta en la ficha.

De igual forma se planea la integración de un consejo consultivo, integrado por Secretaría de Gobernación y representante de la sociedad civil y los estados, que coadyuvará al instituto en la creación de las políticas púbicas en materia de juegos y sorteos, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, salud y atención a grupos vulnerables.

La ley general pretende generar las normas para la certificación del personal del instituto, de los permisionarios y operadores, a fin de que cuenten con las habilidades y valores necesarios para garantizar las condiciones de juego responsable.

Además, salvaguardar la salud y seguridad de las personas vinculadas a estos negocios y prevenir la ludopatía. En este último punto se propone la instalación de líneas telefónicas de ayuda en los lugares de juego con apuesta; la regulación efectiva de la autoexclusión (de quien se considere adicto al juego), y la integración de una base de datos en esta condición de enfermedad.