De 2011 a la fecha, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindó de forma gratuita 2 mil 564 servicios de representación, orientación y asesoría jurídica a víctimas de delitos de secuestro, como parte de un programa del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene como fin atender de manera efectiva a víctimas de delitos de alto impacto social.

De acuerdo con registros estadísticos del IFDP, la mayoría de esas asesorías se brindó a familiares de víctimas de secuestro desde el momento en que se reportó la comisión del delito.

El instituto cuenta con un cuerpo especializado y multidisciplinario de asesores jurídicos federales que prestan el servicio integral de representación legal a afectados por algún delito de alto impacto, principalmente a víctimas, ofendidos y testigos de secuestro.

La ley de víctimas obliga al Estado mexicano a otorgar este tipo de apoyo especializado.

Desde el 11 de abril de 2011, el IFDP creó esta área especializada en atención a víctimas de secuestro, integrada por licenciados en derecho y sicólogos.

Los asesores están obligados a explicar las etapas y consecuencias legales de cada procedimiento jurídico. Asimismo, los abogados del IFDP deben asistir a víctimas, ofendidos o testigos en cada una de las diligencias judiciales en las que tengan que intervenir.

De igual forma y en seguimiento del protocolo de atención para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el servicio prestado por los especialistas del IFDP se extendió a menores de edad que tienen el carácter de víctimas de cualquier delito en un proceso penal federal.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor en noviembre de 2010, establece la distribución de competencias y coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de investigaciones ministeriales por casos de secuestro.