Nueva York, 17 de julio.

Los niños mexicanos y centroamericanos han detonado una crisis para la cúpula política estadunidense que está agudizando el debate sobre las políticas de inmigración –el cual, a veces, ha llegado a ser tragicómico–, con graves consecuencias políticas y humanitarias.

La crisis humana en las puertas de Estados Unidos ha mostrado lo mejor y lo peor de este país.

Por un lado, una extraordinaria red de organizaciones sociales, de defensa de derechos y servicios legales y religiosas a lo largo del país, junto con expresiones de solidaridad humana en comunidades pobres en la frontera, brinda asistencia hasta lo posible para los menores de edad. Por otro, sectores antinmigrantes convocan a milicias, realizan mítines donde literalmente gritan váyanse de regreso a sus casas, aquí no los queremos a los niños trasladados y expresan un odio xenófobo casi histérico en las calles y los medios locales y nacionales conservadores.

Los políticos han superado las expectativas en este debate. Entre lo peor: algunos legisladores federales y políticos estatales y locales republicanos han acusado a los niños de invasores (la representante federal Michelle Bachmann), que están trayendo a este país enfermedades tan exóticas como el ébola junto con influenza porcina y tuberculosis, poniendo en riesgo a la población estadunidense (representante Phil Gingrey), y hasta los han acusado de ser integrantes de bandas de delincuentes (el representante federal Rich Nugent).

Algunas sucesos han llegado a ser cómicos: el candidato republicano a legislador Adam Kwasman, de Arizona, se sumó a una protesta contra el traslado de menores de edad a un asilo en ese estado y, mientras esperaba el transporte de los inmigrantes, envió un tuit informando que estaba ante un autobús, y que veía las caras de temor de los niños que deberían regresar a sus países. Un reportero se le acercó a preguntarle si se había fijado que el autobús era de niños de un campamento de verano del YMCA y que estaban felices. De inmediato el candidato intentó borrar el mensaje, pero, como tantos políticos han tenido que aprender, era ya demasiado tarde y el mensaje circulaba por el universo cibernético.

Gobernadores y políticos republicanos de estados como Arizona y Nebraska, entre otros, han declarado que no recibirán a los niños y que esto es un problema del presidente Barack Obama por no sellar la frontera.

Por otro lado, gobernadores y legisladores locales de estados como Maryland, Connecticut, Vermont, Nueva York y California, así como el alcalde Eric Garcetti, de Los Ángeles, han declarado su compromiso de trabajar para aliviar la crisis humana y recibir a los menores. Esto ha generado conflictos con el propio presidente, quien ha propuesto hacer expedita la deportación de los menores para disuadir el éxodo que ha abrumado a esta administración.

El gobernador de Maryland Martin O’Malley, siempre un fiel aliado de Obama, ahora se ha enfrentado con la Casa Blanca al declarar públicamente su oposición a medidas para agilizar la deportación de los niños. Nosotros como estadunidenses no regresamos a niños refugiados que se encuentran a nuestras puertas a lugares devastados por guerra y hambre, donde enfrentarán una muerte segura. Creo que tenemos que actuar como estadunidenses, afirmó. Eso provocó la ira de la Casa Blanca, que lo llamó para expresarle su descontento con las declaraciones y aparentemente filtró algunas posiciones de O’Malley a los medios para pintarlo como hipócrita sobre el tema.

En la capital, el debate sobre migración se ha polarizado aún más ante la crisis y se ha complicado con la Casa Blanca enfrentando ya no solo la oposición de los republicanos a sus iniciativas –incluyendo su solicitud de 3.7 mil millones para enfrentar la crisis de los ahora 57 mil menores de edad que han ingresado a Estados Unidos de México y Centroamérica desde octubre–, sino también la de sus propios aliados.

Mientras los republicanos insisten en que el enfoque debería ser la deportación expedita de los menores y el envío de la Guardia Nacional a la frontera, entre otras medidas, líderes legislativos demócratas –entre ellos Nancy Pelosi, en la cámara baja, el caucus (junta) de legisladores latinos y algunos senadores claves como Harry Reid– han rechazado la propuesta de la Casa Blanca porque incluye la modificación de una ley para permitir que los centroamericanos sean tratados igual que los mexicanos y puedan ser deportados en menos de una semana.

Ante la disputa que amenaza sus propuestas, la Casa Blanca ha intensificado su esfuerzo para lograr la aprobación de los fondos de emergencia. Obama se reunió con legisladores de ambos partidos el miércoles, pero con poco más de una semana antes del receso de verano del Congreso, no queda claro qué podrá lograr.

La crisis de los niños también ha complicado la anunciada intención de Obama de que –ante la negativa del liderazgo republicano de la cámara baja para aprobar una reforma migratoria este año– empleará su autoridad ejecutiva este verano para impulsar cambios en la política migratoria. Ahora, ante la crisis en la frontera está navegando entre las demandas de impulsar esos cambios que incluyen reducir las deportaciones de indocumentados dentro del país, mientras a la vez argumenta en favor de deportar más rápidamente a los menores de edad y madres centroamericanos que están apenas ingresando.

Ante este espectáculo político, la opinión pública registra la desaprobación mayoritaria de ambos partidos en el manejo de esta crisis. En una encuesta del Centro de Investigación Pew difundida esta semana, 58 por ciento desaprueba la manera en que Barack Obama ha manejado el asunto de los niños migrantes y sólo 28 por ciento lo aprueba –uno de los niveles más bajos sobre un tema jamás registrado en lo que va de esta presidencia. Mientras tanto, 66 por ciento desaprueba el manejo de la crisis por los republicanos.