La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y sin cambios, el dictamen de la minuta con la Ley de Hidrocarburos, que regula todo el sistema que permitirá a las empresas privadas, nacionales o extrtanjeras, obtener contratos para intervenir en los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, y en la importación, almacenamiento, distribución y venta al público de gasolinas, diesel, gas y turbosina.

Con 20 votos en favor de PRI, PAN, PVEM y Panal, y siete en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, la comisión aprobó el dictamen, y se decidió que todas las reservas en lo particular se discutirán en el pleno cameral.

Durante la reunión, el secretario de la Comisión de Energía, Juan Bueno Torio (PAN), informó que su partido negocia con el gobierno federal y el PRI un conjunto de reservas que ya se están cocinando, entre éstas hacer explícita la autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como definir un porcentaje mínimo del pago de las empresas por la obtención de licencias y contratos.

La agenda pendiente

La comisión espera terminar el miércoles la discusión de las tres minutas restantes que le envió el Senado, y discutir jueves y viernes las iniciativas que tiene en agenda, con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo –mecanismo que servirá para pagar a las empresas contratistas y recaudar los ingresos petroleros–, así como reformas a las leyes de presupuesto y de deuda pública, para definir el destino de los recursos de dicho fondo.

Una vez que se apruebe todo este paquete, comenzará un periodo extraordinario de sesiones la próxima semana, para avalar las minutas del Senado y enviar a este órgano lesgislativo las respectivas minutas del fondo petrolero y de las reformas a las leyes de presupuesto y de deuda, para que sean revisadas.

Debido a que en los días recientes una de las principales críticas se centró en que ninguno de los promotores de la legislación ha explicado el monto de ingresos que se obtendrán con la aplicación de los cambios, ayer el panista Rubén Camarillo sostuvo que se espera un incremento de 400 mil millones de pesos de pesos por ingresos petroleros, con respecto a los 800 mil millones actuales.

Aunque ello, dijo, ocurrirá de manera paulatina, entre los próximos cinco a 10 años, si se cumplen con las expectativas de que la plataforma de producción pase de 2.4 millones de barriles diarios a 3.5 millones en ese periodo.

El perredista Mario Cuevas expresó ayer que “esta es la reforma madre, pero porque le van a poner en la madre a la gente. Tal parece que se horneó en el mercado de Sonora, donde a los empresarios se les preguntaba ‘¿a ver, qué quieres que lleve esta ley?’ Nos estamos bajando el pantalón ante los inversionistas extranjeros”.

Ante las críticas de que la legislación formaliza el despojo de tierras a indígenas, campesinos, pequeños propietarios y comuneros, el presidente de la comisión, Marco Antonio Bernal (PRI), sostuvo que si se cambió el término de expropiación por el de ocupación temporal se debió a que un yacimiento de gas natural no tiene una producción superior a cinco años, al menos en el de gas asociado a lutitas, y que la extracción de petróleo en el futuro será en aguas profundas y ya no en tierra.

No hay nada en la ley que lleve a señalar que hay una intención expropiatoria, insistió.

El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, expuso que si bien se suprimió la palabra expropiación, se deja a la buena fe de las empresas negociar con los propietarios de la tierra, cuando es común que éstas recurran incluso a emborrachar a los comuneros para hacerlos firmar la cesión de sus propiedades.

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) y Luis Espinosa (PRD) cuestionaron la propaganda del gobierno federal en la que prometió una reducción de las tarifas de electricidad y en los precios de los combustibles. Ante la insistencia, el priísta Javier Treviño aceptó que sólo se lograrán precios accesibles a electricidad y combustibles.

Mejía Berdeja sostuvo que quienes votan por la ley son traidores a la patria, pero Camarillo señaló que los traidores a la patria son quienes pretenden hacer de esta reforma su bandera electoral en 2018. No nos queda el saco ni nos lo ponemos, reviró.

Asimismo, priístas y verdes defendieron el método de la fractura hidráulica para la extracción de gas asociado a lutitas, a pesar de que Javier Orihuela (PRD) resaltó que se trata de un crimen ambiental. Responsabilizamos a PRI, PAN y PVEM de las muertes que serán causadas por esta tecnología. Podrán robarse el petróleo, pero no podemos permitir esto, ¡por amor de Dios!, exclamó.