La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, aprobada ayer en el Senado, mantiene en su artículo 33 la disposición de que junto con los contratos que se otorguen a las empresas extranjeras para la explotación de petróleo, recibirán también la respectiva declaración de utilidad pública, lo que les permitirá ocupar los terrenos en que se vaya a desarrollar su proyecto.

Ese artículo, que los legisladores del PRD y PT propusieron modificar, faculta a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CREA) a promover además los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva esa declaratoria de utilidad pública, que operará en todos los tipos de propiedad, tanto privada como social, e incluso pública, para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y tendido de infraestructura eléctrica.

Fue un tema abordado exclusivamente por senadores del PRD y PT. La perredista Dolores Padierna advirtió que toda la legislación secundaria de la reforma energética renuncia a la soberanía en la materia, ya que en la misma se abdica de la propiedad y disfrute del petróleo y la electricidad, e incluso de la propiedad, ya que más de la mitad del territorio queda a expensas de los intereses de los poderes trasnacionales y de la élite del poder en México.

El despojo

Van a aniquilar la propiedad social, recalcó. Dijo que ese artículo 33 conducirá al despojo de tierras, que los propios órganos reguladores van a tramitar. Cada contrato, cada permiso entregado a las trasnacionales, será suficiente para que procedan a los trámites de despojo.

El también perredista Adán Augusto López advirtió que con esa disposición los predios requeridos para explotar yacimientos de gas o petróleo o para edificar instalaciones eléctricas serán expropiados, aunque el nombre de ese mecanismo sea ahora ocupación temporal.

El tabasqueño hizo notar que esa disposición se complementa con lo ya establecido en las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, lo que afectará a pueblos y comunidades indígenas.

Ningún senador del PRI, PAN o PVEM respondió a esos cuestionamientos. La propuesta de eliminar el 33 fue rechazada, sin discusión.

Entre las modificaciones que avalaron los priístas y sus aliados estuvo suprimir la disposición que permitía que ex directivos y socios de empresas petroleras extranjeras pudieran presidir la CNH y la CREA, los órganos reguladores que tienen, entre sus funciones, asignar los yacimientos que corresponderá a Petróleos Mexicanos (Pemex) explorar y explotar, y otorgar los contratos a las empresas extranjeras.

Insistentemente la oposición de izquierda resaltó, tanto en la discusión en comisiones como ayer, la gravedad de permitir que alguien ligado a las trasnacionales a las que regulará fuera el titular de alguno de los órganos reguladores.

La senadora Padierna recalcó, en su primera intervención, que se pretendía tener en los órganos reguladores a extranjeros, porque no se tiene al personal adecuado para llevar a cabo las tareas que antes, sin ningún costo adicional, ha realizado Pemex durante 76 años.

Sin discusión, ya al final de la sesión, se aprobó la propuesta de eliminar tal disposición del artículo cuarto transitorio de esa ley.

Al presentar el dictamen, el priísta David Penchyna sostuvo que se crean órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes. Ante las amenazas naturales a cualquier apertura económica, se dota al Estado mexicano de todas las herramientas que necesita para proteger los intereses de todos los mexicanos.

Agregó que tanto la CNH como la CREA se convertirán en árbitros transparentes y profesionales, capaces de hacer frente a cualquier interés político o social.

En la nueva ley se robustecen sus atribuciones, se profesionalizan sus órganos de gobierno, se establecen mecanismos de coordinación y se vuelven financieramente sostenibles, insistió.

Sus compañeros de bancada Miguel Ángel Chico Herrera y Blanca Alcalá abundaron en esa misma argumentación. Sostuvieron que los órganos reguladores impulsarán la competitividad en el sector energético. Los panistas Sonia Mendoza y Francisco Búrquez Valenzuela indicaron que con esa ley el gobierno federal contará con instituciones “sólidas, con autonomía propia y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

En contraparte, los perredistas Padierna, Rabindranath Salazar y Fidel Demédicis aseguraron que no hay tal autonomía ni transparencia en la actuación de esos órganos, ya que sus siete comisionados serán propuestos por el presidente de la República, quien seleccionará además a quien los presidirá.

Los órganos contarán con un consejo consultivo, en el que podrán participar representantes de asociaciones que agrupen a contratistas y permisionarios.

Criticaron también que la ley, en su artículo 29, establezca que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos de sus servicios. Es decir, para autofinanciarse podrán disponer de los ingresos por las asignaciones y contratos que autoricen.

Al mismo tempo, en el artículo 32 se ordena a la Cámara de Diputados dotar a esos órganos de presupuesto, con lo que se aseguran recursos por doble vía.

Los perredistas y petistas reservaron todos los artículos referidos a las facultades de los órganos reguladores, entre ellos el de comercializar toda la información estratégica de Pemex, entre ella los datos respecto de los 5 mil pozos con que cuenta y los más de 50 mil que están en desarrollo.

Resaltaron que es un acervo que debe preservarse, porque se ha constituido con una alta inversión pública. Advirtieron asimismo que otra facultad que debería desaparecer es la que se da tanto a la CNH como a la CREA de poner a remate los bienes tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, vía el otorgamiento de permisos de generación de electricidad y de transformación industrial para la operación de petroquímicas, ductos, gasoductos y refinerías.

El senador perredista Luis Sánchez advirtió que la Presidencia de la República tendrá el control de esos órganos reguladores, desde los que se posibilitarán los grandes negocios energéticos. Ninguna de las reservas de los perredistas fueron aceptadas a discusión.