Abogados criticaron la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Y consideraron que, debido a los malos manejos que imperan, sobre todo en el gremio petrolero sería como darle carta blanca a la corrupción.

Arturo Alcalde Justiniani comentó que el énfasis no debería darse en la discusión entre quién paga: las empresas públicas o la Federación, porque finalmente es lo mismo, sino por qué siempre la población termina pagando el costo de la corrupción y del control de un sistema político que compromete invariablemente el futuro de los ciudadanos para cumplir con una serie de compromisos contraídos a espaldas de quienes van a terminar pagando.

Precisó que los pasivos de Pemex están formados por diferentes elementos; una parte es el salario; otra, pensiones y jubilaciones, pero también tiene todo lo que son supuestamente créditos laborales colectivos.

Agregó que el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps ha utilizado estrategias para que sus deudas finalmente las asuma Pemex.

El sindicato hace un juego: plantea violaciones al contrato colectivo de trabajo, van a la Secretaría del Trabajo y le dan carácter de convenio y Pemex paga una cantidad. Es un juego para recibir dinero con la envoltura laboral. Así lo hicieron con el dinero que le dieron a (Francisco) Labastida. Es un sistema corrupto hasta los huesos. Es una máscara de la corrupción en la que los líderes siempre terminan con ganancias indebidas y la población tiene que pagar lo que no debe.

Por otra parte, el abogado laboralista Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, precisó que hacer deuda pública los pasivos laborales de esas empresas es como un nuevo Fobaproa, así como extender un cheque en blanco a la corrupción, además de que es un peligro también para los trabajadores.

Asimismo, consideró que esto podría ser una forma de dar carpetazo a todas las investigaciones en Pemex y a los negocios que se han hecho en la opacidad.

En tanto, la comisión operativa de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunció en contra de que los pasivos laborales de Pemex y de la CFE se conviertan en deuda pública.

En un pronunciamiento, MC señaló que si la Federación asume esa carga se colapsarían las finanzas públicas y se podría generar una crisis presupuestal a corto plazo. Además de que agudizaría la fragilidad económica del país. Advirtió que los pasivos laborales de esas entidades sumirían al país 20 años más en pobreza, y recordó que de 2006 a 2013 la deuda pública de México aumentó nominal y oficialmente más de 300 por ciento, al alcanzar 5 billones 900 mil millones de pesos.

El pasivo de Pemex a junio pasado era de un billón 153 mil millones de pesos y el de la CFE, en marzo, de 507 mil 850 millones.