El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con cambios, la minuta que expide la ley de hidrocarburos, en la cual se mantiene la figura de ocupación temporal de las tierras para que empresas nacionales y trasnacionales puedan instalar complejos, aunque en el caso de las comunidades indígenas deberá aplicarse un proceso de consulta previa, libre e informada.

Esta disposición quedó firme en el artículo 120 de la minuta enviada al Senado, con objeto de que se tomen en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas cuando se quieran desarrollar proyectos de la industria de hidrocarburos en sus territorios, como propuso desde el 13 de junio el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, al subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.

A las 6:57 de este martes y después de 19 horas de discusión, la mayoría de PRI, PAN, PVEM y Panal votó el dictamen en lo particular, después de aceptar sólo dos cambios para definir como derecho la contraprestación que reciban campesinos o indígenas por la ocupación de sus tierras, así como para mantener el control del Estado de la navegación marítima de altura en la extracción de hidrocarburos.

Desde las 17 horas del lunes, y luego de cinco horas de discusión en lo general, el pleno avanzó sin detenerse –excepto dos minutos durante el temblor de las 5:46 horas– y la mayoría desechó las 791 reservas de la oposición.

De esta forma se mantuvo la definición de ocupación temporal para que empresas nacionales y extranjeras puedan instalar complejos petroleros o eléctricos en tierras ejidales, comunales o de propiedad privada, al incluir el concepto de utilidad pública cuando se descubran yacimientos de hidrocarburos o gas, o se pretenda construir una planta generadora de energía eléctrica.

En la madrugada, Roxana Luna Porquillo (PRD) recordó que con la reforma al artículo 27 constitucional, que permite la asignación de títulos de propiedad sobre parcelas, ejidos y bienes comunales, se da inicio al proceso de privatización de las tierras colectivas que la reforma agraria impulsada por el general Lázaro Cárdenas otorgó a miles de campesinos.

La ocupación temporal, abundó, es un engaño con el que se quiere suavizar el término expropiación, que introdujo el PAN en la iniciativa original. Sigue siendo, dijo, una expropiación temporal que dejará las tierras y sus recursos naturales inservibles después de la explotación de energéticos.

Además, advirtió, con la ley de hidrocarburos se abrirá un nuevo conflicto nacional que pondrá en oposición el dominio del gran propietario del capital contra la resistencia de los pequeños propietarios privados, ejidales y comunales.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC, sostuvo que con estas disposiciones se gesta un nuevo latifundismo petrolero; un despojo de tierras, bajo el cobijo de la figura de servidumbre legal de hidrocarburos. Expuso que no resuelve nada la modificación propuesta por el priísta Marco Antonio Bernal para aumentar el pago de la contraprestación.

Y cuestionó la mansedumbre de los diputados del sector campesino del PRI, que no criticaron el retroceso que significa para los derechos de propiedad.

El coordinador del PT, Alberto Anaya, se refirió a la forma en que se aprobó el dictamen y citó al Divo de Juárez: Decía, y con razón, Juan Gabriel: ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de ser tan dóciles? ¿Qué necesidad de conducirse como robots atendiendo al interés del gobernante en turno?

Además, aseveró que la contraprestación propuesta por el PRI constituye una migaja ante el volumen de riqueza que generará cualquier proyecto de extracción de hidrocarburos o de generación de electricidad.