Aunque se elevó a 3 por ciento el pago a ejidatarios o comuneros en cuyas tierras se realice el fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo), esto no cambia que se obligue a los dueños a cederlas para la explotación de hidrocarburos, señaló Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.

Sostuvo que el campo está en riesgo, ya que en la reunión de las organizaciones campesinas en la Secretaría de Gobernación con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se les informó que en 2017 se eliminarán los subsidios a los combustibles, y consideró que el litro de diesel subsidiado que se vende en 12.80 puede llegar a 50 pesos.

Además, dijo, habrá incremento en el precio de la energía eléctrica, lo que afectará a 500 mil productores de riego y a la población en general, con excepción de los 5 millones de familias incluidas en el Programa Oportunidades.

En entrevista, explicó que el cambio que realizaron los diputados a la minuta de la ley de hidrocarburos para que el pago de la contraprestación que podrán recibir los campesinos sea de un máximo de 3 por ciento, y no de 2.5 como acordò el Senado, no cambia que el problema fundamental siga sin resolverse: el daño mayor es la facultad que se otorga a los empresarios privados para la producción y la explotación de energéticos y quedarse con la utilidad pública, ‘‘es un golpe demoledor para los mexicanos’’.

Explicó que esa contraprestación es independiente del pago por la ocupación de la tierra, y el problema es que hay una diferenciación entre propiedad privada, comunal y ejidal. ‘‘Los tratamientos a cada tipo de propiedad es distinto: cuando es ejidal y no quieren rentar la tierra, intervienen los tribunales agrarios, y cuando es privada, los tribunales de derecho común’’.

Agregó que en el caso de las comunidades indígenas se aprobó la realización de una consulta de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.