A dos meses del inicio del proceso electoral 2014-2015, los órganos del sector evalúan los requerimientos presupuestales para el año entrante y no descartan solicitar aumentos.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo también que hasta ahora la reforma del sector todavía no está concluida, es decir, no han sido modificados todos los reglamentos para la transformación del organismo, antes Instituto Federal Electoral (IFE).

En cuanto a los recursos, precisó que la eventual solicitud para ampliar el monto no se derivará de la expansión del instituto, sino de la necesidad de hacer frente a 74 funciones adicionales, impuestas por el nuevo marco legal en el sector. Lo que queremos es construir un presupuesto absolutamente racional, subrayó.

El IFE se encargaba de revisar cerca de seis mil informes de gastos de campaña y ahora, con las nuevas disposiciones legales, deberá fiscalizar todas las elecciones, es decir, alrededor de 70 mil de estos reportes en un tiempo máximo de 45 días. En caso de que se dé el rebase de un tope, se podrá apelar una elección.

Con la reforma, al INE le quitaron la atribución de resolver en torno a las quejas y denuncias, pero le dieron muchas funciones adicionales, entre éstas operar el sistema nacional de fiscalización, con métodos informáticos.

Por tanto, pidió que antes de anticipar que la reforma (político electoral) fracasó en su intento por disminuir los costos, porque eventualmente crece el presupuesto del INE, tenemos que hacer un balance en conjunto.

Se debe no sólo ponderar un posible incremento en el INE, sino los ahorros que se darán por compactar los 33 sistemas electorales del país (32 estatales y uno federal) y ordenar la administración del instituto, tal como lo ha propuesto la contraloría interna.

El árbitro electoral nacional ejerce este año un presupuesto de 8 mil millones de pesos, incluida una ampliación de 230 millones, para hacer frente a la reforma; en tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dispone, para el ejercicio 2014, de 2 mil 488 millones de pesos, tanto para su sala superior como para las regionales; más de la mitad de ese monto (mil 510 millones de pesos) son para servicios personales (sueldos).

Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF, dijo que desde hace cuatro años este tribunal no solicita aumentos, únicamente la partida extraordinaria para atender la contienda electoral. Esta vez, precisó, probablemente solicitará un monto adicional para la creación de la nueva sala especializada, la cual atenderá denuncias de posible violación a la ley tanto de actores políticos como particulares. La previsión inicial es un gasto adicional, por esta causa, de 100 millones de pesos.

Primero en una conferencia magistral en la Cámara de Diputados y luego al término de la firma de un convenio, el consejero presidente dijo que el análisis debe partir no sólo del presupuesto del INE, sino del anterior gasto de 33 sistemas locales y la compactación actual de todo el entramado electoral del país.

A nivel interno, el INE hará ajustes. Por ejemplo, los trabajadores de los módulos, quienes dan la cara del organismo a la ciudadanía, tienen contratos por honorarios mensuales, sin ningún tipo de prestación; esta nómina está en el presupuesto de proyectos, no en el gasto ordinario.

El INE y el TEPJF tienen hasta el 31 de agosto para remitir a la Secretaría de Hacienda sus respectivos proyectos de presupuesto.

Al concluir la elección del año próximo, el INE elaborará un diagnóstico de la aplicación de la reforma político-electoral. El documento será enviado al Legislativo para fortalecer el marco jurídico con vista a los comicios presidenciales de 2018.

Córdova dijo que no todos los problemas que afectan la vida democrática pueden resolverse desde el ámbito electoral, porque sólo la esfera política puede incidir en el combate a la pobreza, la precaria cultura política y la desigualdad.

Subrayó que no basta con tener reglas que incluyan a los ciudadanos en la toma de decisiones: la democracia podrá operar –advirtió– sólo si se satisfacen los intereses y necesidades vitales de los individuos.

Un informe elaborado por el instituto revela que siete de cada 10 mexicanos no confía en la persona que tiene a su lado, mientras que sólo uno de cada 10 tiene alguien en quién respaldarse para resolver un problema cotidiano. Datos alarmantes, pues reflejan que el tejido social está roto o es prácticamente inexistente y, en consecuencia, no se puede pretender que exista confianza en las instituciones, señaló.