La crisis de los niños migrantes no acompañados fue generada en buena medida por los países centroamericanos, al no darle a su población garantías suficientes para tener una vida digna, pero la acentúan las autoridades mexicanas cuando faltan a su obligación de proteger a los menores durante su viaje hacia Estados Unidos, denunciaron activistas de Guatemala y Honduras.

Durante la tercera jornada del 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que hoy llega a su fin en el Palacio de Minería–, los especialistas en el tema exigieron que no se pretenda resolver el problema militarizando las fronteras, debido a que ya se ha comprobado la inefectividad de este recurso.

Sair Pinilla Martínez, de la organización Aldeas Infantiles SOS, señaló que uno de los orígenes del éxodo de miles de niños migrantes es la violencia social que se vive en sus países, pero ante ese fenómeno, acusó, las autoridades mexicanas siguen respondiendo con una óptica de seguridad nacional y no de derechos para la infancia.

México desarrolla una política en contra de las organizaciones criminales que se fundamenta en la militarización y no tiene una respuesta a largo plazo, sustentable. No garantiza los cuidados y las atenciones para los niños, niñas y adolescentes migrantes, lamentó el activista.

Luego de advertir que el Estado mexicano podría enfrentar demandas internacionales por violar el derecho a la vida de los menores, la reunificación familiar y la protección a su integridad, Pinilla dijo que los gobiernos de la región están obligados a encontrar soluciones para esta crisis humana, que involucra a más de 50 mil menores de edad, 13 mil de ellos, de nacionalidad guatemalteca.

Por su parte, Brenda Mejía, del colectivo hondureño Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación, coincidió en que el problema de los niños indocumentados ha estado presente desde hace años, pero sólo fue atendida por el gobierno de Tegucigalpa por el boom mediático que ha generado el tema.

“Muchos se van buscando la reunificación familiar, pero también porque el Estado hondureño no les ofrece condiciones dignas de vida. En México muchos fueron abusados sexualmente o cayeron en manos de bandas de trata, pero aun así no quieren regresar porque dicen ‘en mi país no tengo educación, no tengo alternativas’”, explicó.

Belinda Portillo, de la organización Plan Honduras, llamó a encontrar soluciones orientadas hacia el respeto de los derechos de los niños y la capacitación de las policías, en vez de optar por la militarización y el cierre de fronteras, recursos con los que los menores son tratados como adultos infractores de la ley.

Finalmente, Rosa María Ortiz, relatora de la CIDH sobre derechos de la niñez, dijo estar muy preocupada por el eventual envío de las fuerzas armadas a custodiar las fronteras para bloquear el paso de los migrantes indocumentados y lamentó que los países de la región no muestren voluntad política para fortalecer las instituciones encargadas de proteger a este grupo vulnerable.