dam Smith es un congresista demócrata del estado de Washington, en Estados Unidos. El pasado 5 de agosto informó de un encuentro que tuvo con Anthony Wayne, el embajador de su país en México, en el que le solicitó que presionara a las autoridades de Guerrero para que Nestora Salgado sea liberada inmediatamente.

No es la primera ocasión que el congresista Smith aboga por Salgado. El 13 de abril pasado envió una carta al secretario de Estado, John Kerry, en la que le pidió que demandara al gobierno mexicano garantías para el debido proceso y una mejor atención de Nestora, porque sus condiciones carcelarias son deplorables.

Dos meses más tarde volvió a insistir en el asunto. El 16 de junio, en un comunicado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, en Washington, Smith advirtió: Estoy preocupado por la detención de Nestora y estoy indignado ante los informes sobre las deplorables condiciones de detención y tratos que violan sus derechos humanos.

Nestora Salgado, la mujer por la que el congresista aboga, es comandante de la policía comunitaria de Olinalá, en la Montaña de Guerrero. Fue injustamente detenida el 21 de agosto de 2013 bajo la falsa acusación de secuestro agravado. Fue trasladada al penal de máxima seguridad de Tepic, a 3 mil kilómetros de su pueblo.

La demanda del congresista Smith en favor de su libertad no es un capricho. Nestora tiene raíces en el estado de Washington. A los 20 años de edad se fue de bracera a Estados Unidos junto a su esposo, sin tener documentos migratorios. Trabajó arduamente de recamarera, aseando casas y de niñera en Washington, hasta que en 2000 obtuvo su estancia legal en ese país y en 2008 logró la ciudadanía. Además de ser residente de Olinalá lo es también de la ciudad de Renton, en el condado de King.

De regreso en Olinalá, Nestora se topó con el clima de inseguridad pública que asuela la Montaña y la complicidad gubernamental con los maleantes. En lugar de quedarse con los brazos cruzados, organizó a la población para enfrentar el problema. Formó una policía ciudadana e hizo que la tasa de criminalidad disminuyera en 90 por ciento en 10 meses. El 15 de noviembre de 2012 el gobernador Ángel Aguirre Rivero se tomó la foto con ella y calificó de heroico el esfuerzo de los habitantes del municipio.

Pero Nestora cometió un error. Primero, sin pelos en la lengua, denunció las amenazas que los socios de políticos corruptos hacían a los empresarios locales para que se retiraran de las ventas de materiales y mercancías, y así monopolizar el mercado. Después publicó un comunicado en el que denunciaba la implicación del alcalde y otros funcionarios gubernamentales en el tráfico de drogas. El desafío de la comandante resultó inadmisible.

Salado no es la única comandante de la policía comunitaria guerrerense presa. Desde que hace un año comenzaron en Guerrero los operativos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, al menos 10 de sus integrantes se encuentran en circunstancias similares y por razones parecidas. Es el caso de Gonzalo Molina, Bernardino García, Arturo Campos y el opositor a la presa de La Parota Marco Antonio Suástegui.

Al doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas michoacanas, lo mandaron un poco más lejos que a Nestora: al Cefereso de Hermosillo, Sonora. Está acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína.

La verdad es que, como han declarado el comisionado Alfredo Castillo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el doctor Mireles está preso por no haber cumplido los acuerdos de mayo, firmados por el gobierno federal y los autodefensas, es decir, que el detenido se negó a desmovilizarse y desarmarse.

El doctor Mireles se define como un preso político. Su abogada, Talía Vázquez, concuerda con él. Como le explicó a la periodista Sanjuana Martínez: “Quien no cumplió ninguno de los acuerdos fue Castillo. No liberó a los 517 presos de los grupos de autodefensas, tan solo en Michoacán. Y, sobre todo, no cumplió con el arresto de La Tuta ni restableció el estado de derecho. No pasó nada. Quien rompió el pacto fue Alfredo Castillo y no el doctor Mireles. Esto también demuestra que es un preso político”.

Al igual que el doctor Mireles están presos otros 319 autodefensas michoacanos. Su verdadero delito fue garantizar su seguridad y la de sus familias, a riesgo de su propia vida, ante la omisión (o la abierta complicidad) del Estado.

La lista de luchadores sociales encarcelados va mucho más allá de aquellos que vienen de las filas de las policías comunitarias y los autodefensas de Guerrero y Michoacán. El pasado 6 de abril fue detenida Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayuca, en Puebla. Apenas dos días más tarde aprehendieron a Juan Carlos Flores, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a Abraham Cordero, integrante de Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Se les acusa de cargos ridículos. La razón por la que están tras las rejas es oponerse a la imposición del Proyecto Integral Morelos, que contempla la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto que atraviesa Puebla, Tlaxcala y Morelos, en las faldas del volcán Popocatépetl.

El activista mixe Damián Gallardo lleva 15 meses encarcelado en el penal de alta seguridad de El Salto, en Jalisco. Bajo tortura, fue obligado a confesar que había secuestrado a dos menores de edad en Oaxaca. No fue el único. Del mismo delito están acusados Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Lauro Grijalva. Las autoridades les arrancaron sus autoincriminaciones por la misma vía que obtuvieron la de Damián.

La lista de dirigentes sociales injustamente detenidos es mucho más extensa. Las cárceles de México están llenas de presos políticos.

Twitter: @lhan55