La apariencia física, las preferencias íntimas y los afectos personales están protegidos por la Constitución, afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, quien agregó que los juzgadores están obligados a resolver los casos relativos a los derechos de las personas lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual.

Silva Meza aseveró que cualquier regresión en materia de derechos humanos significa una regresión democrática, porque la reforma constitucional en la materia representa un acierto histórico que debemos defender a toda costa, para así defender a nuestro sistema democrático.

Al hablar ayer en la ceremonia con motivo de la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el ministro añadió que un Estado consolidado democráticamente es aquel que pone a las personas y sus derechos, sin exclusiones, sin discriminación, sin violencia, en el centro de su actividad.

En este contexto, confió en que este instrumento orientador para los jueces del país, cumpla su objetivo central: contribuir a revertir la desigualdad, la exclusión sistemática, la hostilidad, la violencia y el maltrato”, al que tradicionalmente han sido sujetos los miembros de la comunidad LGBT.

Hizo un llamado a los jueces a no permitir esa animadversión infundada que se ha perpetuado en una serie de espacios y dimensiones en la vida social, como son los ambientes laborales, el uso de la fuerza pública y la educación, entre otras.

Con la presencia de los ministros Olga Sánchez Cordero, Jorge Pardo, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Fernando Franco; de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson; de jueces e integrantes de la comunidad LGBT, el ministro presidente confió en que el protocolo sirva también para que los juzgadores “honren con fallos concretos los proyectos de vida de todas las personas y la diversidad social.

El protocolo recuerda que el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver, fundamentalmente, con el derecho que todos tenemos a decidir cómo y con quién queremos vivir.

La presidenta de la CIDH señaló que México necesita protocolos para prevenir la violencia y fortalecer la investigación, penalización y detención de quienes violan los derechos de los integrantes de la comunidad LBGT.

En este contexto dijo que el protocolo dado a conocer en el edificio sede de la SCJN es pionero y un comienzo importante que puede aportar mucho para que se transforme la justicia y se respeten los derechos de este grupo de la sociedad.

Debemos emprender un esfuerzo largo para transformar a la sociedad en cualquier parte del mundo, y México no es diferente. Los estereotipos terminan generalmente en problemas legales, frustran la construcción de la justicia y generan impunidad dentro de la sociedad, subrayo Robinson.