La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por varias asociaciones en defensa de derechos agrarios y campesinos anunció el proyecto de crear 2 mil 500 comités de defensa de la tierra y el derecho a la alimentación, tras la promulgación de la Ley Energética y la Ley de Hidrocarburos, con el propósito de garantizar los derechos de ejidatarios y campesinos a la propiedad ante la inminente inversión privada para explotación y exploración de hidrocarburos.

David Contreras, coordinador de la red, dijo que hasta el momento se han creado comités de defensa del territorio en los estados de México y Veracruz.

Hasta el momento tenemos 150 comités, pero estamos en camino a tener unos 2 mil 500, dijo Contreras en conferencia de prensa.

Explicó que los comités tendrán actividades pacíficas para exigir el respeto al ejido y que no se privatice; otro de los objetivos es evitar que se criminalice a estos comités.

Contreras Silva detalló que también se trabaja en el proceso de amparos colectivos y ahí ya existen mecanismos a través de los comisariados ejidales para la integración de cada expediente.

El coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil indicó que además de los comités de defensa a crearse en los 31 estados de la República y la presentación de los amparos colectivos, se impulsará la consulta popular para revertir la Ley Energética, pero como agrupaciones campesinas, alejadas de los partidos políticos para que la postura de éstas no se politice.

Agregó que el próximo 31 de agosto, diversas organizaciones campesinas realizarán un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, en el estado de Jalisco para poner en marcha mecanismos de financiamiento para el campo.

Contreras también consideró un avance la decisión recién anunciada por Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en el sentido de que la Ley de Hidrocarburos, establece que las Secretarías de Energía, de Gobernación y las dependencias correspondientes deberán realizar una consulta previa, libre e informada con los habitantes de las comunidades donde se desarrollen proyectos de exploración.

Esta normatividad tendrá como objetivo atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, para garantizar el respeto de los derechos humanos, pero la gran duda es en qué estatus quedarán los ejidatarios en el proceso de defender sus derechos sobre la tierra.