La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que respetará la decisión del Poder Judicial en torno a la declaratoria de inocencia en favor del líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, mientras integrantes del equipo del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, señalaron que la dependencia no cuenta con elementos para impugnar la sentencia, dictada en la víspera por un tribunal colegiado.

En tanto, el sindicato de trabajadores mineros subrayó la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano de informar oficialmente y de manera inmediata a su contraparte canadiense la invalidación de la solicitud de extradición presentada en contra de su dirigente.

El cuarto tribunal colegiado en materia penal determinó el pasado jueves que la extinción del fideicomiso minero, integrado por 55 millones de dólares, es un asunto que deberá ventilarse en un ámbito ajeno al derecho penal.

Resolvió que la orden de aprehensión recientemente emitida contra el dirigente es inconstitucional y, ante ello, decidió otorgarle la protección de la justicia federal contra cualquier mandamiento de captura.

El órgano jurisdiccional clasificó como inconstitucional la orden de detención por presunto desvío de recursos del citado fideicomiso porque las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Federación no son suficientes para demostrar el cuerpo del delito por el que ejercitó acción penal previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

“Dicho acto ilícito requiere que la disposición de recursos económicos de los clientes de una institución bancaria sea indebida, lo cual no ocurrió en el caso fallado, pues la traslación de los bienes del fideicomiso a una cuenta bancaria fue resultado de la extinción de aquel por voluntad del fideicomitente (sindicato), del fideicomisario (trabajadores mineros beneficiarios) y de la fiduciaria (institución bancaria).

Lo correcto o incorrecto de la extinción del fideicomiso es un asunto que deberá ventilarse en un ámbito ajeno al derecho penal, señaló el juzgador.

Con la resolución se dejó sin materia cualquier orden de captura girada en su momento contra Gómez Urrutia y Héctor Félix Extrella y, por tanto, deberá quedar sin efecto la ficha roja emitida por Interpol.

Ganó Napoleón Gómez Urrutia y perdió Germán Larrea en el largo proceso legal que este empresario, dueño de Grupo México, instrumentó contra el dirigente, manifestó el sindicato minero.

Dijo que lo procedente es la comunicación al gobierno de Canadá y a Interpol, la cual señaló en febrero pasado que se estaba ante una persecución política gestada en México contra el dirigente”.

Asimismo, planteó que su líder se encuentra ya en condiciones de regresar a México en absoluta libertad, lo que los mineros mexicanos celebran.

Llegó a su fin una de las más arduas y cruentas batallas legales en la historia jurídica de México con la decisión unánime de declarar inconstitucional la última de las 11 órdenes de aprehensión que enfrentó Gómez Urrutia, según dictaminaron los magistrados Elvia Díaz de León D’Hers, José Luis Villa Jiménez y Héctor Lara González, el pasado 28 de agosto.

En sesión pública y con una sala de audiencias abarrotada de espectadores, los magistrados concedieron el amparo al dirigente, quedando así cancelada la orden de captura por el delito grave previsto en la Ley de Instituciones de Crédito relacionada con la extinción y manejo del Fideicomiso Minero y los recursos, entonces fideicomisos, por 55 millones de dólares, explicó el sindicato.

El abogado encargado de la defensa de los asuntos penales y las solicitudes de extradición formuladas contra el líder minero, Marco del Toro, sostuvo que en México hay ejemplos de jueces y magistrados que resisten las más tremendas presiones, privilegiando el derecho por encima de intereses ajenos, lo que pone en alto sus nombres y trayectorias.

Para Del Toro, el derecho ha sido el instrumento capaz de poner fin a una persecución en la que se conjugaron intereses políticos y económicos para pretender encarcelar sin sustento a Gómez Urrutia, ya que Grupo México fraguó, por conducto de tres seudo mineros, acusaciones penales sin fundamento, las que fueron apoyadas indebidamente como parte de una clara persecución política de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –e incluso por funcionarios menores de la actual administración– que actuaron por intereses distintos y oscuros que no corresponden a la política del actual gobierno.

También es inconcebible, dijo, que este empresario (Germán Larrea) siga causando desastres humanos, económicos y naturales, pensando que puede pasar por encima de la ley.

El sindicato expuso que luego de la conclusión del asunto penal, toca a la directiva, encabezada por Gómez Urrutia, reunirse con el gobierno para hablar en un contexto de respeto recíproco y de pautas para incentivar el desarrollo del sector. Agradeció el apoyo de la fuerza minera nacional y de organizaciones sindicales internacionales, no gubernamentales, y de derechos humanos en este negro episodio.