La participación económica de Carlos Ahumada Kurtz en el PRD durante la gestión de Rosario Robles Berlanga es una historia inacabada, aunque el secretario de finanzas del partido, Xavier Garza, asegura que no hay ninguna deuda con el empresario.

Semanas después de darse a conocer que los abogados de Ahumada Kurtz interpusieron ante el juzgado undécimo de distrito en materia civil del Distrito Federal una demanda contra el PRD exigiendo el pago de 520 millones de pesos, Garza mantiene que no hay ninguna querella.

A nosotros no nos ha notificado nadie de esa supuesta demanda, porque es un procedimiento iniciado en Argentina. Allá la presentó Ahumada y el juez argentino le mandó una carta rogatoria a un juez mexicano avisándole que allá hay un procedimiento. Y por el procedimiento que se sigue sobre esa carta rogatoria no nos han avisado.

Rafael Hernández, representante del PRD ante el entonces Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), señaló que están a la espera de que se resuelva una denuncia judicial contra funcionarios del partido durante la gestión de Robles por presunto desfalco mediante operaciones financieras con empresas fantasmas ligadas con el empresario. Entre los demandados destaca José Ramón Zebadúa, coordinador de administración y finanzas de la ex perredista.

La versión del PRD es que en 2003 Zebadúa suscribió indebidamente pagarés por 36 millones de pesos en favor de Universal Flexo SA de CV, Docuprint Digital Center SA de CV, Abastecedora Comercial Pakard SA de CV y Jumen SA de CV, con domicilios inexistentes en Oaxaca.

El partido argumenta que no fue informado y que se enteró cuando que las firmas reclamaron el pago de pagarés mediante juicios ejecutivos mercantiles entablados en diversos juzgados.

Y el PRD tuvo que pagar, a partir de 2009, por orden judicial. Primero 12 millones de pesos y un año después el IFE, por mandato del tribunal electoral, le retuvo13.1 millones de pesos de sus prerrogativas para que le liquidara a Universal Flexo un pagaré por 10 millones de pesos.

Para 2010 el PRD arrastraba una grave crisis económica, con una deuda superior a 800 millones de pesos, derivada de pérdida de juicios iniciados en 2003.

Uno de los grandes problemas financieros estuvo relacionado con la compra de un edificio en ruinas, ubicado en la glorieta de Insurgentes. Fue adquirido mediante un crédito de 50 millones de pesos para remodelarlo, lo que nunca ocurrió. El inmueble fue vendido 11 años después en la misma cantidad, pero el partido pagó alrededor de 120 millones de pesos por los intereses que generaron los créditos.