El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) resolvió ayer por la noche no promover una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y contra de la Ley sobre Metrología y Normalización, porque sólo las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo consideraron necesario ese recurso después de identificar 52 artículos que impiden la operación de este órgano regulador.

Asimismo, el Ifetel aprobó la nueva política para la transición a la televisión digital terrestre (TDT), para lograr el apagón analógico a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Al respecto señala que para apagar una zona, 90 por ciento de la población beneficiaria de programas de la Secretaría de Desarrollo Social deberá tener un televisor o decodificador digital, y que las televisoras deberán devolver al estado los canales analógicos al momento de emigrar al sistema digital.

Anoche el Ifetel informó que no promoverá la controversia constitucional. Tenía hasta el 10 de septiembre para tomar la decisión a la que tiene derecho y que además fue una exigencia de organizaciones de especialistas en telecomunicaciones.

Antes de la comunicación oficial, la comisionada Adriana Labardini publicó en su cuenta de Twitter: “Tristemente ningún comisionado apoyó la propuesta y votaron en contra de promover la controversia constitucional del @IFT_MX ante la @SCJN”.

Explicó que ayer junto con la comisionada María Elena Estavillo presentaron al pleno la propuesta de controversia, en la que indicaron que hay 52 artículos problemáticos para el ejercicio de la tarea del regulador, 41 de los cuales están contenidos en la LFTR, siete son transitorios, y puntualizaron cuatro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Aseguró que en los 52 artículos identificados “el criterio a considerar fue si hubo una posible afectación a la esfera de competencias y atribuciones constitucionales, así como la autonomía del @IFT_MX”.

En la comunicación oficial el Ifetel no abundó sobre las razones que tuvieron los otros cinco comisionados para considerar innecesaria la controversia.