La urgencia del país por controlar el sobrepeso, la obesidad y diabetes no se refleja en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, pues el Ejecutivo sólo propone asignar a este rubro 336.7 millones de pesos, equivalentes a 1.84 por ciento de lo que se recaudará por el impuesto especial a refrescos y bebidas azucaradas. Este porcentaje representa una disminución respecto de lo que se prevé obtener por dicho gravamen en este año, advirtieron organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Señalaron que en la Ley de Egresos 2014, los legisladores autorizaron el ejercicio de 326 millones 120 mil pesos, es decir, 2.63 por ciento de lo obtenido por el impuesto especial sobre productos y servicios en este periodo.

Luis Manuel Encarnación, de la Fundación Mídete, resaltó que con la aprobación del gravamen, se estableció que parte de los recursos se destinarían a programas de prevención del sobrepeso y obesidad, y en específico para asegurar el acceso al agua potable. Sin embargo, esto se omitió en el presupuesto 2014.

Los integrantes de la alianza también calificaron de insuficiente el proyecto de destinar mil 360 millones de pesos a la instalación de bebederos en las escuelas de educación básica del país, a fin de promover entre los alumnos el consumo de agua simple en lugar de refrescos y bebidas azucaradas. El monto representa una tercera parte de lo que se requiere.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, recordó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, realizó el estudio Valoración de impacto presupuestario, en el cual calculó que se necesitan 11 mil millones de pesos para la instalación de bebederos y dividió el monto en tres años.

En el primero se tendrían que invertir 3 mil 546.4 millones de pesos; y sólo contemplaba a las escuelas con más de cien estudiantes.

El activista consideró que con una tercera parte de los recursos necesarios como propone el PEF 2015, se pone en riesgo el proyecto y en lugar de tres años se requerirían 12 para cubrir todos los planteles educativos del país.

Al respecto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, comentó que la aplicación del presupuesto destinado a la instalación de los bebederos en las escuelas debe contar con un diagnóstico previo para conocer las necesidades reales de cada plantel.

Lo anterior porque una gran cantidad de escuelas enfrentan severas carencias y algunas ni siquiera tienen asegurado el abasto del líquido.

Martín Pérez dio datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales, de poco más de 206 mil escuelas de educación básica que hay en el país, casi 149 mil cuentan con abasto de agua de la red pública; 7 mil 555 se surten con pipas; 19 mil 647 tienen pozos; más de 15 mil acarrean el agua; y casi 6 mil 500 carecen totalmente de ella.