El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, llamó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a que se conduzca en el marco de la ley, y le advirtió que la permanencia de los delegados en el estado es facultad exclusiva del presidente de la República.

El pasado martes, el mandatario estatal cuestionó la actuación del sector ambiental al señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no atendió denuncias previas sobre la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México en Cananea, y pidió el retiro de los delegados de este organismo, así como los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ayer por la tarde, en convocatoria de última hora para una conferencia de prensa, el vocero rechazó las acusaciones del gobernador sobre la actuación de los funcionarios federales y sostuvo que su trabajo se desarrolló en apego al marco jurídico ante la emergencia ambiental por el derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos a los ríos Sonora y Bacanuchi.

La molestia de Padrés con los delegados federales comenzó luego de que se divulgó en un programa de televisión que en su rancho Pozo Nuevo, en la comunidad de Bacanuchi, Ramos Arizpe, se construyó una represa de forma ilegal.

Ante ello, el titular de la Conagua, David Korenfeld, informó que ayer mismo comenzó la inspección de la presa que construyó el mandatario estatal en su rancho para determinar si cuenta con permisos de obras en una zona federal conocida como El Manzanal, si tiene concesión de uso de aguas nacionales, si cuenta con permisos de perforación y si hay afectación a terceros.

Explicó que sí se carece de lo anterior las acciones que se pueden llevar a cabo son la clausura, la liberación del agua hacia los usuarios y la demolición de las obras. Korenfeld Aclaró que hay que esperar a ver lo que determinan las visitas de inspección y en su caso se impondrán las sanciones económicas previstas en la ley, que pueden ser hasta de 20 mil salarios mínimos.

Detalló que esta inspección se dio como resultado de denuncias públicas presentadas a la Conagua sobre la existencia de represas, por lo que se instruyó al director del organismo de cuenca a realizar la indagatoria.

Asimismo, el funcionario presentó imágenes comparativas de los últimos cuatro años en las que se observa, primero, cómo el cauce Bacanuchi está libre, y después se ven obras que van creciendo hasta lo que se tiene ahora, que es una gran obra con un acueducto que retiene las aguas de un arroyo.

Dijo que se pidieron imágenes satelitales y el área técnica informará sobre la cantidad de agua en los últimos diez años y se evaluarán las características físicas de la obra para definir la cantidad de líquido que retiene. ‘‘La Conagua actúa en apego a la ley sin importar quiénes son los propietarios’’, dijo.

Explicó que el gobernador tiene 15 días hábiles para entregar la información que avale los trabajos y en 10 días más se definirá si proceden las sanciones. ‘‘Es como si fuera cualquier usuario que viola la Ley de Aguas Nacionales’’, precisó.

Dijo que hasta ahora se conoció de esta obra porque se realiza dentro de propiedades privadas y la única manera de identificarla es teniendo acceso a esa región en particular.