La Secretaría de Economía (SE) evalúa si hay causales para determinar una posible suspensión –provisional o definitiva– de las concesiones de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, además de que el próximo lunes vence el plazo para que la compañía presente pruebas sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea.

Posteriormente se determinará si se requieren más medidas de seguridad, informó el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro.

El funcionario dijo que comenzó la revisión de otras 12 minas de Grupo México, entre ellas La Caridad, Santa Barbara, Santa Rosita, Charcas y una nueva planta en San Luis Potosí, y ya concluyeron las inspecciones sobre el cumplimiento de ocho manifestaciones de impacto ambiental de las instalaciones de Buenavista del Cobre.

En breve, apuntó Haro, se presentará la demanda de responsabilidad ambiental para exigir la reparación del daño, lo cual podría sumar ‘‘cientos o miles de millones de pesos’’. Se está terminando de integrar la cuantificación de los daños por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, además de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ya entregó información sobre el estado del sitio antes del derrame.

Precisó que de 22 muestreos recientes que se realizaron hay nueve en los que los niveles están por encima de todo tipo de norma, ya sea ambiental o de salud, sobre todo en arsénico.

En respuesta al planteamiento del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de que la Profepa ‘‘encubrió’’ a Grupo México y no actuó en denuncias previas al derrame que se presentaron al organismo ambiental, Haro sostuvo que tanto la delegación de Sonora como las oficinas centrales recibieron nueve denuncias anteriores al accidente del 6 de agosto, mismas que fueron atendidas.

Explicó que dos fueron por filtraciones de la presa de jales y el resto por polvo y olores, además de otra por probable riesgo de contaminación ambiental a los siete municipios.

‘‘Estos hechos fueron atendidos por el delegado de la Profepa y se hicieron recomendaciones a la empresa; derivado de ello la minera aplicó medidas como mayor riego y abatió el polvo del que se quejaban los habitantes’’.

Además, precisó, las denuncias fueron sobre una zona distinta de donde se presentó el accidente y no se recibió ninguna queja de pobladores sobre el área donde ocurrió el derrame de sulfato acidulado de cobre. Explicó que la inspección más reciente que hizo la Profepa fue en 2011, en materia de impacto ambiental y en el rubro forestal. Esto descarta la probable omisión de las autoridades federales en la atención al problema, dijo.

Destacó que el organismo fue informado 24 horas después de ocurrido el derrame vía telefónica, y cuando se tuvo conocimiento de los hechos se dictaron medidas de urgente aplicación, como el cierre del patio de lixiviados para evitar que continuara fluyendo el derrame hacia los cauces de los ríos.

Aseveró que la procuraduría a su cargo ha actuado con oportunidad para castigar a los responsables del derrame de residuos tóxicos y lograr la reparación del daño, aspectos que tendrá que asumir la minera a corto y largo plazos. Explicó finalmente que por cada irregularidad que se presenta se aplica una multa de 3 millones de pesos, que se sumarán a los 40 millones que podría imponer el juez.