El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, justificó el cacheo de niños en las inmediaciones del Zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, en los festejos del inicio del movimiento de Independencia, porque, dijo, cuando han sucedido experiencias muy lamentables, particularmente en el caso de Michoacán, hace un par de años, se hacen necesarias estas acciones que pueden ser consideradas como excesivas.

El funcionario aludió a los hechos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, cuando fueron lanzadas un par de granadas entre la población que celebraba el Grito de Independencia.

Expresó: La frontera es muy delgada. Es importante garantizar la seguridad y tranquilidad de la gente que acude un evento público tan importante como este y evitar cualquier abuso, especialmente para con los niños.

Ayer, durante una conferencia de prensa, el funcionario anunció que la dependencia replanteará los esquemas de reclusión de adolescentes infractores para que no estén en prisión indefinidamente; admitió que en las cárceles no se los regenera, sino que se agrava la propensión al delito.

En la dependencia se presentó el estudio Adolescentes en conflicto con la ley, por la investigadora Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

La investigación da cuenta de que en el país, al menos 5 mil menores de 14 a 18 años de edad presos por haber cometido algún delito grave.

El trabajo, realizado en instituciones de internamiento para adolescentes en varios estados de la República, proporciona una radiografía y un perfil de quienes han cometido delitos graves.

Así, de los delitos cometidos, 35 por ciento fueron robo con violencia, 22 por ciento homicidio, 17 por ciento portación de arma prohibida, 15 por ciento robo de vehículo, 15 por ciento secuestro, 10 por ciento delitos contra la salud y 10 por ciento más delincuencia organizada.

La investigación concluye que los adolescentes infractores no han ocupado un lugar prioritario en las políticas de seguridad y de prevención, a pesar de que las posibilidades de reincorporarlos con éxito son mucho más elevadas que las de los adultos en prisión.