Una vez que se apruebe en el Congreso la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un decreto presidencial se transformará al Sistema Nacional Integral de Desarrollo para la Familia (DIF), que dejará de formar parte del sector salud; será un órgano desconcentrado, cuyo objetivo será la protección de los derechos este sector de la población.

Ayer por la tarde noche, la seis comisiones que dictaminan la iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto hizo llegar al Senado esperaban concluir esta madrugada, para que este martes a las 11 horas se distribuya el predictamen a los 35 senadores que forman parte de las comisiones que la aprobarán.

El presidente del Senado, Miguel Barbosa, y el coordinador de los legisladores del PRI, Emilio Gamboa, informaron en entrevista conjunta: Este miércoles por la tarde, en una sesión especial, se aprobará en el pleno esta iniciativa. Sin embargo, los presidentes de las comisiones dictaminadoras manifestaron que convocarían a trabajar en comisiones el miércoles y que esperaban aprobarla en el pleno el jueves por la tarde.

En la iniciativa, que tuvo 80 por ciento de modificaciones, se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; se garantiza el pleno ejercicio, respeto protección y promoción de sus derechos humanos; se establecen principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos, así como facultades competencias y concurrencias de los tres niveles de gobierno.

También, en el predictamen que hoy se entregará a los 35 senadores de las comisiones de Derechos Humanos, de Educación, de Estudios Legislativos Segunda, de Derechos de la Niñez, de Grupos Vulnerables y de Equidad y de Género, se establece que para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población las autoridades realizarán acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en ella.

Se precisa además, que la familia de acogida es aquella que cuente con la certificación de la autoridad y que brinde cuidado, protección y crianza a los menores.

Se detalla que es deber del Estado, la familia, la comunidad y en general de todos los integrantes de la sociedad el respeto y auxilio para la protección de los menores; se indica además que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier forma de violación de sus derechos, hacerlo de conocimiento inmediato de las autoridades.

Asimismo, en el artículo 13 de dicha ley se establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Distrito Federal, están obligadas a proporcionar asistencia médica, sicológica, preventiva, integrada a la salud y en caso de ser necesario, un interprete y asesoría jurídica para quien ejerza la patria potestad de los menores de edad.

En el caso de los migrantes, se señala que las autoridades migratorias deberán verificar la existencia de autorización de quienes ejercen la patria potestad o tutela que permita la entrada de niños y adolescentes por el país, entre otros.