Jacqueline Peschard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, aseveró que las universidades públicas no están siendo líderes en la rendición de cuentas.

Al participar en el Coloquio sobre la autonomía universitaria en México, organizado por la casa de estudios, la ex comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) indicó que estas instituciones académicas no son adalides de la transparencia, pues aun cuando cuentan con los reglamentos y normatividad en la materia, muchas se reservan información que debe ser pública –como el manejo de sus recursos–, y en ocasiones sólo la dan a conocer a solicitud de los ciudadanos.

Refirió que de acuerdo con un estudio del Ifai de 2014, que registra a 41 instituciones de educación superior públicas estatales, 26 se regulan por su propia normatividad y las 15 restantes por lo dispuesto en la ley en la materia.

Además, agregó, más de la mitad (53.8 por ciento) no contemplan en sus reglamentos el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución; 61.5 por ciento no define plazos para actualizar sus obligaciones de transparencia; 50 por ciento no contempla la obligación de transparentar el contrato colectivo de trabajo –que ya es una práctica generalizada como derecho laboral básico desde hace más de un lustro– y 23 por ciento no especifica causales de responsabilidad administrativa por in­cumplir con disposiciones en transparencia.

Peschard dijo que los estudios que han analizado las normas de transparencia de las universidades públicas autónomas revelan que la libertad que tienen para redactar sus propios reglamentos (en apego a la autonomía) no ha derivado ya no digamos en convertirlas en líderes de la transparencia, sino en el apego estricto a los principios constitucionales en la materia.

En el caso de la UNAM, apuntó que si bien existe una intención clara de alinear su reglamento interno con la Ley de Transparencia, presenta algunas fallas, como el que no difunde las actas de los órganos colegiados ni del Tribunal Universitario, tampoco las solicitudes de información ni las respuestas correspondientes, y asimismo no lo hace con el contenido de los convenios que firma con otras entidades (públicas y privadas) y sólo se limita a dar una relación de éstos, pero no sus temas.

De lo que sí da cuenta esta casa de estudios es de sus contratos, en los que difunde detalles como el monto, proveedores, plazos de cumplimiento y empresas sancionadas por incumplimiento.

En su turno, José Woldenberg, académico de la FCPS y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, aseveró que la autonomía es un derecho que debe ejercerse, pero a la vez es un medio para que las universidades cumplan con sus funciones básicas: una docencia de calidad, investigación de vanguardia y una amplia difusión de la cultura.

Indicó que este carácter es una condición necesaria para el buen funcionamiento de la universidad moderna, pues le permite autogobernarse, dar libertad de cátedra e investigación y definir sus planes y programas de estudios.