Las autoridades de la delegación Benito Juárez fueron omisas y permitieron la demolición del inmueble que albergaba a la octava delegación de policía y el inicio de los trabajos de excavación para construir la ampliación del centro comercial Plaza Delta y un megaestacionamiento, a pesar de ser notificadas por los institutos Nacional de Bellas Artes (INBA) y Nacional de Antropología e Historia (INAH) de su valor artístico y del alto potencial de hallar vestigios arqueológicos en el sitio.

En diferentes momentos, ambos institutos nacionales enviaron oficios dirigidos al gobierno delegacional que encabeza el panista Jorge Romero, para solicitarle que se realizaran verificaciones con carácter de urgente en la zona, a petición de los vecinos de la colonia Narvarte, quienes también fueron ignorados.

Desde el 9 de diciembre de 2013, el INBA emitió un oficio con carácter de urgente al director general de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno Carmona, para informarle que el edificio, ubicado en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, estaba incluido en el catálogo de inmuebles con valor artístico, por lo que le solicitaba que realizara una verificación.

Dos días después, el 13 de diciembre de 2013, la delegación Benito Juárez autorizó una licencia especial para la demolición del edificio, pero respondió al INBA hasta el 9 de enero de 2014, casi un mes después, que no era procedente llevar a cabo la verificación, porque no había indicado en cuál de las esquinas de la intersección citada se encontraba el inmueble.

Ese mismo día, según testimonios de los vecinos, inició la destrucción de la sede de la octava delegación de policía, construida entre 1943 y 1945 e incluida en el 2004 en el catálogo de inmuebles con valor artístico, con la clave DF-BJ-1643-3036.

Los colonos, agrupados en el movimiento La voz de Narvarte, acudieron después con el INAH, para exigir su intervención, ante la posibilidad de que existieran vestigios históricos.

El instituto atendió la demanda vecinal y emitió dos oficios con fecha 7 de febrero y 24 de marzo del año en curso, dirigidos al jefe delegacional, Jorge Romero, en los que informa que en el predio en cuestión existe un alto potencial arqueológico, por lo que lo conmina a que de existir algún proyecto de obra gestione ante el instituto el visto bueno de la dirección de Salvamento Arqueológico.

La delegación respondió hasta el 4 de marzo para señalar que debía dirigir su solicitud a la dirección general de patrimonio inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por ser el área facultada para ello.