El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados reclama encabezar la comisión especial que investigará la muerte de 22 personas, quienes supuestamente fueron ejecutadas por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio, pero el PRI pretende que sea uno de sus legisladores quien tenga esa responsabilidad.

En tanto, los senadores perredistas Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Angélica de la Peña propondrán en la sesión del próximo lunes que tanto las autoridades judiciales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aceleren las investigaciones en torno al caso, “dados los muchos indicios de que se trató de una ejecución”.

De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que el titular de la CHDH, Raúl Plascencia, actuó con inaudita irresponsabilidad al anunciar que las investigaciones que llevarán a cabo tardarán seis semanas, a pesar de que por el simple hecho de que posiblemente militares estén involucrados en 22 asesinatos, debería destinar recursos humanos y materiales suficientes para llegar a conclusiones lo antes posible.

En San Lázaro, el diputado perredista Roberto López Suárez dijo que no obstante que en reunión de la Junta de Coordinación Política del pasado lunes, la mayoría de los integrantes de ese órgano aceptaron la propuesta del coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, para crear el grupo de trabajo plural que coadyuve a dilucidar los hechos, la propuesta no se sometió a votación en la sesión del pasado jueves.

Se espera que esa comisión especial se integre el próximo martes, pero el PRI quiere presidirla, lo que el PRD rechaza, ya que la intención, dijo, es investigar un hecho en el que está involucrada una de las dependencias del gobierno federal, que es la Secretaría de la Defensa Nacional.

En entrevista por separado, la senadora De la Peña consideró desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hechas el viernes pasado en la Cámara de Diputados, de que lo ocurrido en Tlatlaya es un hecho aislado. Con ello resta gravedad al hecho mismo y demuestra que el Ejército y la Marina no deben estar en las calles porque no son sus funciones y no están capacitados en el respeto a los derechos humanos.